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El Municipio de Portoviejo asegura que la ley 70/30 no compromete su presupuesto de este año, mientras un economista advierte errores de enfoque.
Por ahora, el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, activó mesas técnicas para analizar la reforma al COOTAD, considerando los plazos disponibles. En ese espacio se revisa la aplicación del 70 % para inversión y 30 % para gasto corriente.
Diego Intriago, director financiero, afirmó que el actualmente el municipio destina más del 70 % a gasto de inversión y el presupuesto aprobado para este año cumple con la ley.
Macroproyectos y estructura financiera
El cumplimiento está vinculado a dos macroproyectos que concentran la inversión: MegaHidro y Plan Triple AAA. A estos se suman otras obras financiadas por el Banco de Desarrollo, de menor escala, que avanzan de forma progresiva.
Intriago señaló que el escenario proyectado permitiría cumplir la regla 70/30 hasta 2027, e incluso hasta 2028 en un caso extremo. No obstante, recalcó que la directriz del alcalde es ejecutar la mayor parte de las obras este año.
Para estas obras, el municipio tiene vigente un crédito de 50 millones de dólares para el MegaHidro con y otro de más de $ 100 millones para el Triple AAA. Intriago aclaró que estos créditos se pagarán a 15 y 25 años.
Actualmente, el municipio cancela intereses y una parte del capital, conforme a los flujos aprobados antes de contratar los créditos. Estos flujos, explicó, son evaluados por la banca multilateral para determinar la viabilidad financiera y la capacidad de pago.
El director financiero precisó que el artículo 198.1 establece que la amortización de deuda y el pago de intereses se restan de la base del presupuesto codificado sobre la cual se calcula el 70 %.
“Esto nos permite realizar un buen análisis para determinar con exactitud cuánto debemos invertir en los grupos mencionados en el Artículo 198.2, que incluyen los servicios de mantenimiento, el mantenimiento vial, la recolección de basura, el combustible utilizado en la recolección de basura, las obras públicas en general y todo lo que forma parte de la inversión municipal“, precisó el funcionario.
Respecto a posibles ajustes, Intriago afirmó que las reformas presupuestarias son habituales para atender nuevas necesidades ciudadanas, pero subrayó que no se prevén cambios relacionados con el esquema 70/30 para este año.
La mirada crítica del análisis económico
Para el economista José Santos, el impacto de la ley aprobada ha sido subestimado. A su criterio, el cumplimiento actual responde a condiciones excepcionales y no a una estructura sostenible del gasto municipal.
Santos sostuvo que, en promedio, los municipios registran entre 30 % y 39 % de gasto de inversión, debido a falencias del Gobierno central en áreas como salud, educación y deporte, que obligaron a los GAD a intervenir en el territorio.
El economista advirtió que la reforma redefine qué rubros se consideran inversión y cuáles pasan a ser gasto corriente. Actividades como promoción cultural, deporte o apoyo a salud dejarían de computarse como inversión, lo que limita la autonomía local.
“Eso es lo preocupante. Ni siquiera los municipios grandes como Quito van a poder cumplir, porque recorta prácticamente todos los temas de salud, o el apoyo a la educación, el apoyo al deporte. Todo lo que involucra el área social”, sostuvo.
Economista, José Santos
Efectos futuros y falta de socialización
En el caso de Portoviejo, Santos indicó que el análisis presupuestario que se realiza es equivocado, porque depende de créditos para el Triple AAA y el MegaHidro. Sin estos proyectos, afirmó, que tendrán que reducir la inversión social.
El economista remarcó que la ley no fue socializada, lo que genera desconocimiento entre autoridades. Consideró que existe confusión sobre qué proyectos pueden clasificarse como gasto de inversión, lo que impacta la planificación futura.
De hecho, Santos estimó que de los 2.000 millones de dólares que transfiere anualmente el Gobierno, alrededor de $ 649 millones dejarían de llegar a los territorios. Este escenario, señaló, afecta la capacidad de consumo, el empleo y la ejecución local.
