Cada vez que se intenta ordenar el uso de los recursos públicos, aparecen las voces de siempre hablando de “atentado contra la autonomía”, “ataque a la educación” o “recorte social”. El libreto es conocido: agitar el miedo, movilizar emociones y presentar una acción de inconstitucionalidad, como si fuera una tragedia nacional.
La reforma al COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), que busca controlar el gasto de los municipios, no elimina competencias, no cierra escuelas y no suprime derechos. Lo que hace es establecer límites y reglas más claras sobre cómo se utilizan los recursos del Estado.
Durante años, muchos Gobiernos Autónomos Descentralizados manejaron presupuestos con amplios márgenes de discrecionalidad. Bajo el discurso de la autonomía, se inflaron nóminas, se crearon estructuras paralelas y se consolidaron redes políticas financiadas con dinero público.
La oposición convoca a movilizaciones diciendo que se afectará a docentes, estudiantes y artistas. Pero las escuelas municipales se sostienen con recursos propios de los municipios. Si un municipio ha administrado bien, no tiene nada que temer. Si depende de estructuras sobredimensionadas o de gasto improductivo, entonces el problema no es la ley: es la mala gestión.
Resulta llamativo que quienes gobernaron durante años defendiendo una Constitución que fortaleció la descentralización, ahora rechacen cualquier intento de supervisión o límites al gasto. La autonomía nunca fue concebida para gastar sin rendición de cuentas ni para blindar estructuras políticas locales.
Hablar de “ataque a la educación” es una estrategia política. Controlar el gasto no es recortar derechos; es impedir que los recursos terminen financiando burocracia innecesaria o activismo partidista. La eficiencia no es enemiga de la autonomía; es su condición.
La verdadera preocupación de ciertos sectores no es el bienestar de los estudiantes ni la estabilidad laboral. Es perder la capacidad de usar el presupuesto público como plataforma política.
La ciudadanía debe preguntarse ¿quién se beneficia realmente de que no haya controles más estrictos? No el pueblo. No los estudiantes. No los contribuyentes.
Cuando una ley incomoda a quienes han vivido del derroche y el desorden presupuestario, la reacción es previsible. Ordenar las finanzas públicas no es un ataque al pueblo, es un acto de responsabilidad.
Porque cuando se controla el gasto, no se perjudica a la gente. Se perjudica a quienes hicieron del gasto sin control su forma de hacer política.
