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Organizaciones sociales anunciaron que demandarán la inconstitucionalidad de la ley urgente de minería y energía, aprobada el 26 de febrero de 2026, en Quito, por considerar que vulnera derechos constitucionales y ambientales.
Tras la votación en la Asamblea, Yasunidos informó que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. Además, la organización señaló que la ley urgente de minería y energía redefine el modelo extractivo del país. Asimismo, el colectivo indicó que la normativa fue aprobada sin un debate amplio. Por tanto, sostienen que existen vicios de forma y fondo. También anunciaron que actuarán de manera inmediata.
Aprobación legislativa
La ley urgente de minería y energía fue enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. Luego, el proyecto obtuvo 77 votos favorables en la Asamblea Nacional. Además, el respaldo provino de la bancada de Acción Democrática Nacional y sus aliados. Sin embargo, sectores sociales expresaron rechazo tras la votación. Así, se anunciaron las acciones constitucionales.
Yasunidos rechazó “de manera categórica” la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Según el colectivo, la norma “reconfigura el rumbo del país hacia un modelo extractivo”. También afirmó que la ley no constituye un ajuste técnico.
Por el contrario, la calificó como una decisión política. Además, sostuvo que prioriza eficiencia económica, sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica como ejes declarados. Sin embargo, indicó que esos ejes favorecen la rentabilidad privada sobre derechos.
Riesgos y garantías
De acuerdo con el pronunciamiento, la ley urgente de minería y energía incrementa presión sobre pueblos y comunidades. Asimismo, advierte un retroceso en la protección de la naturaleza reconocida constitucionalmente. Aunque el debate legislativo citó consulta previa, licencia social y el Acuerdo de Escazú, Yasunidos señaló que esos elementos no reemplazan garantías normativas. “Cuando una ley fortalece sectores estratégicos sin elevar candados ambientales, desbalancea el sistema”, indicó la organización.
Al rechazo se sumaron la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Además, estas organizaciones anunciaron respaldo a la demanda. Finalmente, Yasunidos reiteró que acudirá a la Corte en defensa de los derechos de la Naturaleza y derechos colectivos. Por tanto, el proceso constitucional avanzará en los próximos días.
