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Frente a un panorama de salud donde el cáncer en Ecuador cobró la vida de 14.496 personas en el último año, la Asamblea Nacional dio un paso decisivo para cambiar esta realidad. Con el emotivo toque de la campana de la esperanza y en coincidencia con el Día Mundial contra el Cáncer, el Legislativo aprobó en segundo debate la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. Esta normativa llega en un momento crucial, considerando que los reportes de mortalidad de 2025 sitúan a las neoplasias como una de las causas más letales, afectando a 7.544 mujeres y 6.952 hombres en todo el territorio.
El objetivo central que persigue la Asamblea Nacional con este marco legal es garantizar el derecho a la salud mediante una planificación integral que abarque desde la prevención hasta los cuidados paliativos. Esta respuesta institucional busca mitigar el impacto de una enfermedad que, sumada en todas sus variantes, supera incluso a las muertes por enfermedades isquémicas del corazón, las cuales registraron 14.471 casos según el último informe del INEC. La ley fue aprobada con una votación unánime de 142 votos, demostrando un compromiso político sin precedentes con la vida de los ciudadanos.
Legislación con humanidad para reducir cifras críticas
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, enfatizó que esta aprobación representa una oportunidad histórica para enviar un mensaje de unidad y madurez política al país. Al anteponer la salud pública sobre las ideologías, el Legislativo responde a las historias de miles de familias que enfrentan el cáncer, enfermedad que registra una alta incidencia en la región Costa con el 54,6% de las defunciones totales nacionales. Olsen señaló que este acto legislativo busca cambiar la realidad de quienes hoy sufren por la falta de un sistema de atención especializado y permanente.
Por su parte, la asambleísta Annabella Azín destacó que la normativa fortalece el diagnóstico oportuno y el tratamiento especializado, poniendo especial énfasis en la población infantil. Según los datos del INEC de 2025, la tasa de mortalidad infantil se sitúa en 8,9 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que obliga a la Asamblea Nacional a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en la política pública. La ley contempla, además, la creación del registro oncológico hospitalario para mejorar la vigilancia epidemiológica y evitar el abandono de los tratamientos oncológicos.
Financiamiento garantizado y vigilancia epidemiológica
Juan José Reyes, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, subrayó la responsabilidad ética de legislar para las más de 30.000 personas que viven con esta patología en el país. El trabajo técnico, iniciado por la Asamblea Nacional en junio de 2025, incorporó aportes de la academia, especialistas y organizaciones sociales para asegurar que el proyecto tenga una fuente de financiamiento claro y sustentado. Este respaldo financiero es vital para enfrentar causas de muerte relacionadas, como la diabetes mellitus o las enfermedades cerebrovasculares, que registran 4.680 y 4.836 fallecidos respectivamente.
El director médico de Solca, Guido Panchana, resaltó que la Asamblea Nacional ha reconocido al cáncer como una prioridad sanitaria nacional, permitiendo ampliar la cobertura y proteger financieramente a los pacientes. La ley también aborda la necesidad de actualizar periódicamente el Cuadro Nacional de Medicamentos, una medida urgente si consideramos que enfermedades como la isquemia cardíaca y las agresiones (6.547 casos) compiten por los recursos del sistema de salud. Se busca, con esto, que el Estado mantenga una infraestructura tecnológica moderna y talento humano altamente capacitado.
Nuevos derechos y dignidad para el paciente oncológico
La normativa impulsada por la Asamblea Nacional introduce avances significativos en la ampliación de derechos, como la estabilidad laboral reforzada y el acceso a servicios de salud mental. Un elemento vanguardista de la ley es el llamado derecho al olvido oncológico, que protege a los sobrevivientes de discriminaciones futuras una vez superada la enfermedad. Estos nuevos derechos son fundamentales para los pacientes de provincias con alta mortalidad como Guayas (26.146 muertes generales) y Pichincha (13.870 casos), donde la carga social del cáncer es mayor.
La ley establece obligaciones claras para los prestadores de servicios y promueve la investigación científica para corregir vacíos legales históricos. La Asamblea Nacional busca que el Plan Nacional del Cáncer sea una verdadera política de Estado que trascienda gobiernos y garantice la continuidad terapéutica. Al colocar a la persona en el centro de la acción legislativa, el país da un paso firme hacia la justicia social, buscando que testimonios de sobrevivientes, como los de la Fundación Fuerza Rosa, se multipliquen gracias a una detección temprana y un tratamiento digno y eficiente.
