El Gobierno de Ecuador ratificó que la decisión de cerrar varios pasos fronterizos con Colombia y Perú responde exclusivamente a criterios de seguridad nacional, en un contexto marcado por el avance de organizaciones criminales transnacionales que operan en zonas fronterizas.
La medida, anunciada oficialmente el 24 de diciembre, mantiene habilitados únicamente dos cruces internacionales: Rumichaca, en la frontera norte con Colombia, y Huaquillas, en el límite sur con Perú. El resto de accesos terrestres permanece cerrado de manera indefinida.
Según el Régimen, el objetivo central es concentrar los controles estatales, reducir el uso de rutas irregulares y limitar la movilidad de economías ilícitas que afectan directamente a la seguridad ciudadana.
Una estrategia para contener al crimen organizado
Desde el Ejecutivo se explicó que la restricción de pasos forma parte de una estrategia integral de control fronterizo, diseñada para enfrentar delitos como el contrabando, la trata de personas, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato.
El Ministerio de Gobierno aseguró que la decisión cuenta con respaldo de informes técnicos y de inteligencia, los cuales advierten sobre el uso de accesos secundarios por parte de estructuras criminales para evadir controles y trasladar personas, armas o mercancías ilícitas.
“Cerrar accesos no controlados permite focalizar recursos, personal y tecnología en puntos estratégicos”, señaló la entidad en un comunicado oficial.
Rumichaca y Huaquillas, puntos clave del control estatal
Con la nueva disposición, Rumichaca se mantiene como el único paso autorizado hacia Colombia, mientras que Huaquillas concentra el tránsito fronterizo con Perú.
Las autoridades sostienen que esta centralización facilita la vigilancia interinstitucional, el control migratorio y aduanero, y la coordinación con fuerzas de seguridad, reduciendo la vulnerabilidad del Estado frente a redes criminales transfronterizas.
Impacto económico y preocupación en zonas fronterizas
La decisión, sin embargo, ha generado reacciones adversas en provincias fronterizas, especialmente en Loja, donde sectores comerciales, turísticos y productivos expresaron su preocupación por las consecuencias económicas.
Representantes locales advirtieron que la limitación del tránsito fronterizo podría afectar el comercio binacional, el flujo de visitantes y las actividades que dependen del intercambio regular entre comunidades de ambos lados de la frontera.
Mesa de diálogo con autoridades locales
Ante estos reclamos, el Gobierno informó que el sábado 26 de diciembre se instaló una mesa de trabajo con alcaldes y dirigentes de asociaciones productivas de Loja.
El encuentro tuvo como objetivo escuchar las inquietudes económicas y coordinar acciones que permitan mitigar el impacto local, sin comprometer las medidas de seguridad adoptadas por el Estado.
Según el Ejecutivo, el desafío es encontrar un equilibrio entre protección ciudadana y dinamismo económico, en un escenario de alta presión por el accionar del crimen organizado.
Sin plazo definido para levantar la medida
Hasta el momento, la Cancillería no ha detallado cuánto tiempo se mantendrá la restricción ni cuáles serán los indicadores para una eventual reapertura de otros pasos fronterizos.
El Gobierno insiste en que la decisión será evaluada de forma permanente, en función de la evolución de los riesgos de seguridad y del comportamiento de las economías criminales en las zonas limítrofes.
