El pasado 17 de diciembre, el ámbito legislativo ecuatoriano recibió una nueva iniciativa de gran calado económico, liderada por Diego Franco, representante de la provincia de Manabí por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). El legislador hizo oficial la entrega del Proyecto de Ley Orgánica de Zonas Logísticas Portuarias ante la Asamblea Nacional. Según lo comunicado por el propio asambleísta a través de su cuenta en la red social Instagram, esta propuesta nace con la firme intención de transformar la logística vinculada a los puertos del país, estableciendo un marco de reglas claras que permitan un ordenamiento eficaz y moderno de estas áreas estratégicas.
La visión planteada por Diego Franco no se limita únicamente a la regulación administrativa, sino que busca inyectar una mayor competitividad a los sectores productivos y exportadores del Ecuador. Al modernizar los procesos y establecer un control estatal más eficiente, se pretende dinamizar el comercio exterior, lo cual es fundamental para el desarrollo económico nacional. El legislador enfatizó que su trabajo está orientado a crear más oportunidades tanto para su provincia, Manabí, como para todo el territorio ecuatoriano, impulsando factores claves como la inversión nacional y extranjera.
Desarrollo sostenible y generación de empleo
Dentro de los argumentos presentados en la propuesta, se destaca que el proyecto entregado por Diego Franco se encuentra plenamente alineado con instrumentos de planificación macro. Específicamente, la iniciativa cumple con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo y se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta alineación garantiza que la búsqueda de eficiencia comercial no sacrifique el bienestar social ni ambiental, promoviendo un crecimiento equilibrado y responsable en el sector portuario.
El objeto central de la ley propuesta por Diego Franco abarca un ciclo integral de gestión: regular la planificación, creación, funcionamiento, administración, incentivos, supervisión, control, evaluación y el eventual cierre de las Zonas Logísticas Portuarias (ZLP). Todo esto se enmarca en la facilitación del comercio exterior y la atracción de inversión privada. Un punto crucial destacado en el texto es la generación de empleo especializado, una necesidad urgente para la población, y se subraya que la implementación de estas zonas no implicará un gasto público adicional para el Estado.
Reformas contra la corrupción y la impunidad
Además de la iniciativa productiva de Diego Franco, la jornada legislativa del miércoles 17 de diciembre sirvió de escenario para que otros asambleístas presentaran propuestas significativas. Entre ellas, Keevin Gallardo ingresó un proyecto para reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el Código Orgánico Integral Penal. El foco de esta reforma recae sobre los delitos contra la administración pública, buscando endurecer el marco legal y cerrar las brechas que permiten la corrupción en las instituciones del Estado ecuatoriano.
La propuesta de Gallardo surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la lucha contra la impunidad en este tipo de infracciones. El texto base de la reforma se sustenta en estadísticas concretas y en las observaciones derivadas de la última visita in situ realizada al país. Estas observaciones se dieron en el marco de la Cuarta Ronda de Análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo que dota al proyecto de un respaldo técnico y estándares internacionales.
Modificaciones al Código de la Niñez y sector público
El legislador Gallardo, ampliando su agenda legislativa más allá de lo penal, presentó también una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Este segundo proyecto aborda aspectos sensibles y vitales como los titulares del derecho y los obligados a la prestación de alimentos. La reforma busca clarificar y mejorar los procesos relacionados con las pensiones, las medidas cautelares reales y la caducidad, entre otros aspectos técnicos que requieren actualización para garantizar el bienestar de los menores de edad y el cumplimiento de las obligaciones.
Por otro lado, en el ámbito del desarrollo profesional joven, la asambleísta Naila Quintana presentó una reforma a la Ley Orgánica de Juventudes. Uno de los ejes principales de esta iniciativa es el fortalecimiento de las prácticas preprofesionales. El objetivo es claro: facilitar que los jóvenes tengan un mayor y mejor acceso al sector público, permitiéndoles adquirir experiencia y contribuir al Estado, superando las barreras que a menudo enfrentan al intentar ingresar al mercado laboral.
Agilidad administrativa y protección digital
En el espectro de la administración del talento humano, la legisladora Nubia Vega propuso una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público. La finalidad de este proyecto es dotar al sistema de herramientas que permitan una mayor celeridad y descentralización en los sumarios administrativos. Se busca que estos procesos sean más ágiles, evitando dilaciones innecesarias, pero siempre respetando rigurosamente el debido proceso, lo cual resultaría en una gestión pública más eficiente y justa para los servidores.
Finalmente, la asambleísta Katherine Pacheco ingresó una reforma adicional al Código de la Niñez y Adolescencia, enfocada en la era digital. Su proyecto busca reforzar el derecho a la dignidad, reputación, honor e imagen de los niños, niñas y adolescentes. En un contexto donde la tecnología avanza rápidamente, la propuesta establece un marco preventivo específico que limita el acceso a plataformas de riesgo para menores de 15 años, protegiendo así su integridad frente a los peligros del entorno virtual.
