Sectores sociales y autoridades locales de Cuenca y Azuay reaccionaron a la renuncia de Xavier Subía, confirmada el martes 16 de diciembre, al considerar que el Gobierno aún no garantiza el cierre definitivo del proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha, por sus posibles efectos sobre el agua.
Cambio de política estatal
La dimisión del exviceministro de Minas ocurrió luego de declaraciones públicas en las que señaló que el Ejecutivo no descartaba la explotación futura del proyecto. Lejos de generar tranquilidad, líderes sociales señalaron que la salida del funcionario no asegura un cambio de política estatal.
Organizaciones de oposición advirtieron que podrían reactivar la movilización conocida como “el quinto río de Cuenca”, realizada el 16 de septiembre, con el objetivo de exigir la revocatoria definitiva de la concesión otorgada a DPM Ecuador. También se evalúan vías legales.
Proyecto suspendido y argumentos técnicos
El proyecto Loma Larga se encuentra suspendido. En octubre, el Gobierno revocó la licencia ambiental, con base en informes técnicos de la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay, entidades responsables del agua potable y del riego. Las agrupaciones sociales y académicas sostienen, con base en estudios de la empresa municipal Etapa, que la minería pondría en riesgo las fuentes hídricas del páramo de Quimsacocha, situado a 35 kilómetros al sur de Cuenca.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó la renuncia de Subía y señaló que el Viceministerio de Minas está en reestructuración, reiterando que el Gobierno no avanzará hacia la explotación de Loma Larga, postura atribuida también al presidente Daniel Noboa.
Declaraciones que reavivaron el conflicto
Xavier Subía dejó el cargo tras una polémica generada en un encuentro minero en Quito, el 11 de diciembre, donde presentó proyecciones de exportaciones mineras y Loma Larga apareció como proyecto para 2027. Luego, declaró a la prensa que Loma Larga siempre estuvo en las proyecciones oficiales. Esas expresiones causaron rechazo en organizaciones sociales, así como en el alcalde de Cuenca, Cristian Zurita, y el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret.
Postura de organizaciones sociales
Kléver Calle, del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, afirmó que la revocatoria de la licencia ambiental no basta y exigió la cancelación del proyecto, apoyándose en la consulta popular de 2021, que prohibió minería metálica en zonas de recarga hídrica. Calle indicó que existen contradicciones oficiales y advirtió que la revocatoria podría ser impugnada por la empresa, lo que motiva el análisis de estrategias legales adicionales.
Desde la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Lauro Sigcha y Yaku Pérez señalaron que la renuncia no modifica la política estatal. Anunciaron que se evalúan acciones legales nacionales e internacionales y nuevas protestas. Pérez recordó que sigue pendiente el cumplimiento de una sentencia de la Corte Provincial del Azuay, emitida en agosto de 2023, que frenó el avance del proyecto hacia la explotación.
