El juicio penal contra el expresidente Jamil Mahuad por peculado, desatado por el Feriado Bancario de 1999, ha durado un cuarto de siglo. Pese a la sentencia condenatoria de 8 años de prisión que data de enero de 2021, Mahuad ha presentado una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional (CC). En un espacio de entrevista de Manavisión Plus, se conversó con Víctor Granda Aguilar, uno de los denunciantes originales, quien analiza los movimientos de la defensa y advierte sobre una presunta estrategia de presión mediática contra los jueces constitucionales.
-Doctor Granda, usted afirma que Jamil Mahuad busca presionar mediáticamente a la Corte Constitucional para anular una sentencia firme desde el 2021. ¿Cuál es la lógica jurídica de esta estrategia y por qué la considera improcedente?
El mismo Mahuad ha dicho que este es el juicio del siglo, que ha durado un cuarto de siglo. Este proceso agotó todas las etapas que corresponden a un juicio penal: primera instancia, segunda instancia y la casación. El proceso terminó en enero de 2021 con una sentencia que lo condenó a ocho años de prisión por delito de peculado. De inmediato Mahuad presentó una Acción Extraordinaria de Protección. Esta acción, para conocimiento del público y del señor Mahuad, no es una tercera instancia, sino una acción extraordinaria de protección de derechos constitucionales.
Lo grave es que él, al igual que hizo en los dilatados 21 años que duró el proceso, constantemente recusa y acusa a los jueces. Trata de descalificar a los jueces con la finalidad de conseguir sentencias favorables, pero ninguna le ha sido favorable. Más de 22 jueces han conocido este caso en distintas etapas, y todos han emitido fallos condenatorios, salvo excepciones.
–Mahuad ha emprendido una campaña mediática para presentarse como un perseguido. ¿Qué se está juzgando realmente en este proceso y cuál es el fondo del delito?
Mahuad ha iniciado una sistemática campaña en los grandes medios y revistas, presentándose como un héroe, como un personaje perseguido y sancionado injustamente. Se presenta como alguien a quien el país le debe mucho por la paz con el Perú, la dolarización o su gestión en el Municipio de Quito. Nada de eso se está juzgando en este proceso; aquí se está juzgando el peculado, el abuso de fondos públicos y privados. Él autorizó la entrega de créditos subordinados a los bancos para que estos especularan en el mercado bancario y dieran préstamos vinculados. Lo más grave fue el Decreto 685, dictado en el Feriado Bancario, que fue expedido por un colaborador de los banqueros. Este decreto establece dos abusos intolerables que son delitos.
–¿Podría detallar cuáles son esos dos abusos intolerables que, según usted, constituyen el delito de peculado?
El primero es disponer de los fondos de los depositantes, fondos privados, para que se queden congelados en el sistema financiero por espacio de un año. Si yo deposito para una póliza de tres meses, cuando se cumpla el plazo me tienen que devolver el dinero, no se extiende por decreto. El segundo abuso es que a los depositantes se les pagó una tasa de interés que era la mitad de lo que habían pactado con las instituciones financieras. Esto significa que se les robó el 50% de los intereses para beneficiar directamente a los banqueros que financiaron su campaña electoral. Mahuad está enjuiciado por haber abusado de fondos públicos y privados, beneficiando a un puñado de banqueros que financiaron su campaña.
–Respecto a la Acción Extraordinaria de Protección presentada por Mahuad, ¿cuáles elementos considera usted que no cumplen con los requisitos legales y constitucionales?
El exjuez constitucional, Doctor Agustín Grijalva, señaló que la acción no está orientada a determinar las violaciones constitucionales. Mahuad pide fundamentalmente que la Corte re-examine las acusaciones, sosteniendo que el delito de peculado no ha sido probado. Él sostiene, por ejemplo, que el decreto se refiere a fondos privados y que en el delito de peculado solo son responsables los funcionarios públicos. Además, él se refiere a que no se cumplieron las exigencias de que la Asamblea Nacional autorizara su enjuiciamiento penal. Ese requisito no era necesario porque solo aplica cuando un jefe de Estado está en funciones. Mahuad ya estaba derrocado cuando fue enjuiciado, por lo tanto no requería esa autorización. Por consiguiente, la acción extraordinaria no establece por qué esta acción favorecería un desarrollo de la doctrina, ya que todo fue agotado en el propio juicio penal.
–Usted considera que Mahuad debería optar por un recurso de revisión en la Corte Nacional. ¿Qué debería probar allí?
Si la Corte Constitucional no le da la razón, él dijo que recurriría a la justicia internacional para que el Estado ecuatoriano sea sancionado y le den la correspondiente indemnización. Él quiere ganar un dinero por parte del Estado ecuatoriano, además de haber permitido semejante atraco a los fondos públicos y el abuso de los fondos privados. El recurso de revisión se establece contra las sentencias ejecutoriadas, que es la instancia correcta. En el recurso de revisión, el señor Mahuad tiene que presentar prueba nueva y olvidarse de las paparruchadas argumentadas en el juicio anterior.
–¿Cuál es la prueba que Mahuad debe presentar en este recurso de revisión para limpiar su nombre?
Él tiene que probar fehacientemente que sus decretos y sus medidas de gobierno no favorecieron el abuso de fondos públicos de los grupos financieros. Mahuad debe demostrar que sus acciones no perjudicaron a los ciudadanos. El Decreto 685 congeló los depósitos de los ecuatorianos por un año, lo que fue una disposición de fondos privados y un abuso de poder. Él debe probar que ese decreto no causó los daños que están a la vista y que no benefició a los banqueros. Si Mahuad no lo hace, se quedará con la sentencia de ocho años, la cual en su momento fue sancionada benignamente.
–Usted señala que los decretos de Mahuad causaron perjuicios económicos superiores a 25.000 millones de dólares. ¿Cómo se configuraron esos beneficios y el impacto en la población?
Las estimaciones no son mías, sino de organismos públicos. La AGD estableció que el costo social de estas medidas superaba los 8.100 millones de dólares. El economista Jorge Rodríguez, con datos y cuadros del Banco Central, demostró que el perjuicio económico al Estado y a la sociedad superaba los 25.000 millones de dólares. Esto ocurrió cuando el Producto Interno Bruto del país era solo de 23.000 millones de dólares. El costo económico de la crisis fue terrible, pues casi quebró al Estado ecuatoriano. Este robo se consumó con la dolarización, que pulverizó el ahorro congelado, pasando de 100.000 sucres a apenas 4 dólares.
-En el último párrafo de su réplica, usted indica que el expresidente Mahuad tuvo que haberse quedado en el país para enfrentar las acusaciones, pero nunca lo hizo. ¿Qué deberá hacer ahora?
Bueno, él podría volver al Ecuador, pues, ¿quién se lo impide? Finalmente la Interpol no dio paso a la detención a nivel internacional, dijo que el asunto tenía matices políticos. Mahuad se presenta además como perseguido de Correa, lo cual es falso, porque Correa incluso modificó leyes para favorecer el punto de vista de Mahuad. Él tiene salidas que no acepta, y prefiere que solo personas afines a su pensamiento sean los que le juzguen y le den la razón. Es por eso el desprestigio a los jueces constitucionales. Si hubiera venido a enfrentar el juicio y hubiera sido condenado, lo cual dudo con las influencias que tiene, ya hubiera cumplido la pena. Seguramente hubiera actuado tranquilamente en el país.
-En la pregunta final, ¿qué mensaje le dejaría a los jueces de la Corte Constitucional ante una posible audiencia pública en este caso?
Que escuchen los argumentos de Mahuad, van a ver que son los mismos que ya se exhibieron a lo largo de todo el proceso penal. Que nos escuchen a nosotros y que escuchen a los que le defienden. Lo fundamental es que tomen una decisión en base a derecho, no en base a las influencias, ni a los temores, ni al chantaje que ha establecido Mahuad. Yo aspiro que la Corte dé por terminado este dilatado proceso y emita ya la sentencia. Si la Corte niega la acción, acudiremos a la Fiscalía para pedir que se abran juicios de peculado a los banqueros. No es solo para que vayan a la cárcel, sino fundamentalmente para que devuelvan el dinero.
