El Tribunal Penal de Guayaquil reanudó este lunes 15 de diciembre de 2025 la audiencia de juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad —Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años— en el sector Las Malvinas, al sur de la ciudad. La Fiscalía General del Estado individualizó acusaciones contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), solicitando penas de hasta 34 años y ocho meses de prisión para autores directos, siete años y cuatro meses para un cómplice y 30 meses para cooperadores eficaces.
La diligencia, que culminó la etapa de debate tras 15 sesiones iniciadas el 5 de noviembre de 2025, busca resolver uno de los casos más graves de violación de derechos humanos por agentes estatales en Ecuador en décadas recientes, con el tribunal entrando en deliberación para emitir sentencia en una semana, posiblemente el 22 de diciembre.
La decisión del juez ponente Jovanny Suárez Chávez de suspender la audiencia permite analizar el volumen de pruebas incorporadas, incluyendo peritajes, testimonios y evidencias digitales. Esta reprogramación responde a la complejidad del proceso, donde se alega que los militares detuvieron ilegalmente a las víctimas la noche del 8 de diciembre de 2024 tras una alerta por presunto robo, las trasladaron a una zona rural de Taura (Naranjal, Guayas), las agredieron físicamente y las abandonaron desnudas en un área despoblada de alta peligrosidad.
Acusación contra el jefe de la patrulla
El fiscal Christian Fárez atribuyó al subteniente John Henry Z. E., jefe de la patrulla de 16 miembros, el rol de autor directo y principal responsable. Por impartir órdenes de detención, traslado a una “poza”, agresiones con correazos, pisoteos, disparos intimidatorios a corta distancia y omisión de reportes a autoridades civiles. La Fiscalía solicitó para él 34 años y ocho meses de prisión, una multa de 800 salarios básicos unificados (equivalente a USD 376.000). Además una reparación simbólica de USD 10.000 a las familias. Argumentando dolo, ensañamiento y agravantes por la condición de menores.
La defensa, representada por el abogado Jorge Haz, rechazó la imputación. Él afirmó que los menores fueron liberados con vida y se comunicaron con familiares vía un teléfono proporcionado por un civil. Es decir, rompiendo el nexo causal con la desaparición forzada.
Haz cuestionó la credibilidad de testigos y alegó una interpretación errónea del delito, destinado originalmente a prácticas sistemáticas de represión estatal. Para el teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como cómplice, la Fiscalía alegó conocimiento de los hechos desde el 10 de diciembre de 2024. Incluso, omisión en activar protocolos como la Alerta Emilia, manipulación de evidencias (recolección de prendas sin cadena de custodia) y órdenes para estructurar versiones, omitir detalles de violencia y borrar registros audiovisuales.
#AHORA | #CasoMalvinas: se reinstala la audiencia de juzgamiento contra 17 militares, procesados por su presunta participación en el delito de #DesapariciónForzada. Las partes procesales continúan presentando sus alegatos de cierre. pic.twitter.com/jP07ZdgsJg
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 15, 2025
Alegatos de la defensa y cooperadores del caso Las Malvinas
Se solicitó siete años y cuatro meses de prisión, junto con multas. Además, de medidas de no repetición como capacitaciones obligatorias en derechos humanos para las Fuerzas Armadas. El abogado Paúl Ocaña, defensor del oficial, negó nexo causal y dolo. Sin embargo, argumentó que actuó en competencias de inteligencia con indagaciones administrativas legítimas y colaboró con la Policía Nacional, entregando evidencias bajo cadena de custodia.
Cinco militares —sargento Nelson Oswaldo S. Z., cabo primero Moisés Israel L. L., cabo segundo Alex Xavier Q. A., soldado Carlos Xavier E. M. y soldado Christian Eduardo A. Q.— se acogieron a cooperación eficaz. Aportando detalles clave como agresiones, disparos y abandono, corroborados por audios, videos y pericias informáticas. La Fiscalía pidió 30 meses de prisión reducida, reconociendo su colaboración para romper pactos de silencio, aunque sin eximir responsabilidad penal.
Autores directos y pruebas clave
Sus abogados solicitaron 26 meses, cuestionando el cálculo de reducción y pidiendo dividir multas entre los 17 procesados. La semana anterior, la Fiscalía acusó a 10 militares como autores directos: Wilson Alfredo W. A., Wilmer Danny L. C., Rodrigo Paúl N. P. Asimismo, a Jonathan Raúl G. P., Ronald Stalin P. T., Sergio Francisco V. B., Jhon Eduardo T. M., Lister Henry L. C., Bryan Olmedo N. L. y David Andrés C. A. Para ellos se solicitó la pena máxima por su participación en la detención y agresiones.
La acusación particular, liderada por la defensora pública Dina Reina junto a abogados de las familias, enfatizó la inacción del teniente coronel y solicitó reparación ampliada de USD 100.000. Además de medidas simbólicas como rebautizar un puente en Guayaquil en honor a las víctimas. Pruebas incorporadas incluyen videos recuperados de celulares (menores en el suelo, uno maniatado), rastros de sangre en vehículos. También, lesiones por violencia, chats de WhatsApp militares y testimonios que revelan intentos de encubrimiento.
El Caso Las Malvinas hace referencia a la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil, en diciembre de 2024. Los menores fueron vistos por última vez en el sector de Las Malvinas tras un partido de fútbol, donde fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas. (24).
