El asambleísta Christian Hernández denunció ante el TCE a siete ministros del Gobierno de Daniel Noboa por una presunta infracción electoral relacionada con la difusión de mensajes en redes durante el periodo prohibido antes de la consulta popular.
Denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral
El legislador de Revolución Ciudadana presentó cada denuncia por separado. Las acciones se sustentan en una supuesta infracción electoral, cometida cuando los ministros publicaron contenidos que, según Hernández, inducían a los votantes. La normativa prohíbe estas acciones desde 48 horas antes del proceso y hasta el cierre del sufragio.
Las denuncias se dirigieron a Harold Burbano, Roberto Luque, Luis Alberto Jaramillo, Roberto Kury, Zaida Rovira, Inés Manzano y Gian Carlo Loffredo. Todos son parte del gabinete del presidente Daniel Noboa. Cada caso se tramitará con un juez distinto, debido a la presentación individual.
Los jueces revisan si las denuncias cumplen requisitos mínimos antes de decidir su admisión. Esta fase determinará si los funcionarios deberán enfrentar un proceso íntegro por infracción electoral.
Requerimientos del TCE a Hernández
Los jueces solicitaron que el asambleísta amplíe la información entregada. El magistrado Ángel Torres pidió que Hernández precise si actúa a título personal o como representante de un colectivo. La aclaración permitirá identificar la legitimidad para formular cada denuncia.
También exigió que el denunciante detalle los hechos atribuidos a la ministra Inés Manzano. El juez pidió especificar la relación entre esos hechos y la presunta infracción electoral indicada en el escrito. Las observaciones deberán ser atendidas en un plazo de dos días. Luego, cada juez evaluará si la información ampliada permite continuar con el trámite. El procedimiento marca la ruta que seguirá el caso, dependiendo de lo que se determine en esta primera revisión.
Reacciones y contexto político
Los ministros señalados no han emitido comentarios públicos. Las denuncias surgen después del revés electoral que enfrentó el Gobierno en la consulta popular. La disputa política refuerza la tensión entre el oficialismo y la bancada correísta en la Asamblea.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó antes que el organismo no regula de forma directa los contenidos de redes. Su postura resaltó los límites operativos del sistema electoral en espacios digitales. Ese punto influye en el debate público sobre el alcance de la normativa vigente.
Sin embargo, la ley sí establece parámetros para mensajes que puedan influir en la decisión de los votantes. Por esta razón, la figura de infracción electoral aparece en procesos donde se revisan publicaciones en periodos de silencio. El TCE deberá definir si estas denuncias cumplen las condiciones legales para avanzar.
