La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional mantiene activo el proceso de fiscalización sobre la supuesta contratación de la empresa estadounidense HealthBird por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para el desarrollo de una aplicación tecnológica destinada al agendamiento de citas médicas.
Este anuncio se produce dos días después de que HealthBird declarara, el 8 de diciembre de 2025, su decisión de retirarse del país debido a “constantes ataques mediáticos sin justa causa, movidos por intereses oscuros y poco transparentes”. El proceso involucra a instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Superintendencia de Protección de Datos Personales, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y datos sensibles.
La RC no detendrá la investigación
De acuerdo con diario El Universo, la asambleísta Cristina Jácome, representante de la RC por la provincia de Guayas, enfatizó que el retiro de HealthBird no detendrá la investigación, ya que la responsabilidad principal recae en las entidades públicas ecuatorianas. “Independientemente de que HealthBird se vaya, la responsabilidad recae sobre las empresas públicas, en este caso CNT y las propias instituciones”, manifestó Jácome.
La legisladora destacó que se busca verificar si existió un contrato formal, a pesar de que la empresa niegue su existencia, y determinar si se destinaron recursos presupuestarios para el proyecto. Rumores sobre un posible pago previo circulan, aunque no han sido confirmados, y Jácome cuestionó. “Aquí nadie de buen samaritano viene al Ecuador a crear una aplicación que sí funcionó por unos meses y que después cerró”.
Según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la reserva SÓLO aplica para temas de DEFENSA O SEGURIDAD NACIONAL, y este acuerdo NO cumple esos criterios.
Una vez más queda claro: esta “reserva” no protege al Estado, sino a quienes buscan ocultar, a… https://t.co/nE0vlEatrm
— Christina Jácome (@cristinajacomee) December 10, 2025
Persistencia en la fiscalización pese al retiro empresarial
HealthBird, en su comunicado del 8 de diciembre, explicó que la alianza con CNT, suscrita en 2025, consistió en un piloto para una aplicación multifuncional. Esta herramienta no solo facilitaba el agendamiento de citas médicas, sino que incorporaba tecnologías como escaneo facial con inteligencia artificial para la toma de signos vitales, trazabilidad de medicamentos, registro e historial de citas del paciente, y telemedicina asincrónica. La empresa argumentó que su retiro obedece a presiones externas, sin detallar actores específicos.
El proyecto inició originalmente con el Ministerio de Salud Pública (MSP) durante la gestión de Édgar Lama como ministro, pero posteriormente se trasladó al IESS, donde se ejecutó directamente con el Seguro Social. Jácome indicó que el fracaso en la implementación inicial con el MSP es uno de los aspectos bajo revisión. “Esto es lo que se quiere revisar con la información que hemos solicitado”, agregó la asambleísta, quien busca datos de múltiples instituciones para evaluar las acciones realizadas en torno al proyecto.
Solicitud de información a instituciones públicas
Actualmente, la RC ha solicitado información al IESS, al MSP, al Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales. De acuerdo con la ley ecuatoriana, estas entidades tienen un plazo de diez días para responder, con cinco días adicionales si es necesario. El Ministerio de Finanzas debe certificar si se efectuaron transferencias presupuestarias relacionadas con HealthBird.
Un punto clave en la fiscalización es la protección de datos personales. Jácome alertó sobre denuncias que indican un posible intercambio o transferencia de información sensible, como historiales clínicos de pacientes, durante el agendamiento de citas. “Se trata de información personal y sensible de los pacientes”, subrayó, añadiendo que la Superintendencia debe informar sobre los controles ejercidos para prevenir mal uso. De confirmarse irregularidades, podría derivar en responsabilidades penales.
Culminación del proceso y implicaciones futuras
El proceso culminará en un informe que se remitirá a una comisión especializada o al pleno de la Asamblea Nacional para determinar responsabilidades políticas. Jácome aclaró que el enfoque está en hechos verificables, como asignaciones presupuestarias y cumplimiento contractual, sin prejuzgar resultados.
