La trama de corrupción que envuelve la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ha alcanzado un punto de no retorno. Este martes 9 de diciembre de 2025, la Corte Nacional de Justicia, desde Quito, ha emitido una resolución contundente en el marco del caso Sinohydro, llamando a juicio a 21 personas por el presunto delito de cohecho. La decisión, dictada por el juez Olavo Hernández, no solo implica a altos exfuncionarios y empresarios, sino que coloca en el banquillo de los acusados a un expresidente de la República y a gran parte de su núcleo familiar, marcando un hito en la lucha contra la impunidad en Ecuador.
La audiencia reinstalada este martes fue decisiva para definir el estatus de varios implicados que hasta el momento pendían de un hilo procesal. El juez Hernández, tras analizar los elementos de convicción presentados, decidió incluir formalmente en el llamamiento a juicio a seis personas más, completando así la lista de 21 procesados. Entre las nuevas inclusiones figuran en calidad de cómplices Patricia P. y Manuel P., hijos del conocido lobista Conto P., así como su nieta Patricia B. La red de presunta complicidad se extiende también al ámbito legal y familiar de otros exfuncionarios: los abogados José Eduardo C. y Carlos Oswaldo A. fueron llamados a juicio, al igual que María Augusta B., esposa de Luciano C., quien fungió como gerente de Coca Codo Sinclair durante la administración de Rafael Correa.
Se investiga una red se sobornos en el caso Sinohydro
La tesis que maneja la Fiscalía General del Estado en el caso Sinohydro es de una magnitud financiera y operativa abrumadora. Según la investigación, entre los años 2010 y 2018 se habría estructurado una sofisticada red de sobornos orquestada por la empresa china Sinohydro. El objetivo era claro: asegurar la adjudicación y construcción de la megaobra hidroeléctrica en la provincia de Napo. El monto de las coimas calculado por el Ministerio Público asciende a la cifra astronómica de 76 millones de dólares, recursos que habrían fluido ilícitamente hacia los bolsillos de los procesados.
En el centro de esta acusación se encuentra Lenín M., quien ocupó la vicepresidencia entre 2009 y 2013, y posteriormente la presidencia del Ecuador entre 2017 y 2021. La Fiscalía sostiene que él fue uno de los principales beneficiarios de este esquema corrupto. Pero la acusación no se detiene en su figura política; alcanza a su círculo más íntimo. En el listado oficial de llamados a juicio aparecen su esposa, Rocío G.; su hija, Irina M.; y sus hermanos Guillermo y Edwin M., además de su cuñada Martha G. Esta inclusión familiar sugiere, según la teoría fiscal, que el entorno cercano del exmandatario fue instrumentalizado para receptar y lavar los activos provenientes de los sobornos.
Detalles del caso Sinohydro
El modus operandi descrito por los investigadores revela una maquinaria de lavado de activos compleja. Los 76 millones de dólares no habrían sido entregados en simples maletines, sino dispersados a través de una telaraña de transacciones que incluían dinero en efectivo, cheques, transferencias bancarias internacionales, la compra de bienes inmuebles de lujo y la utilización de empresas fantasma. Además, se habrían simulado contratos por falsos servicios de consultoría para justificar los ingresos ilícitos, intentando dar una apariencia de legalidad a los fondos provenientes de la constructora china.
La lista de los 21 procesados en el caso Sinohydro es un compendio de poder político, económico y diplomático de la última década. Además del clan familiar del expresidente, figuran exrepresentantes de la diplomacia y de la empresa extranjera: Cai R., exembajador de China en Ecuador; y Yang H. junto a Song D., exrepresentantes de Sinohydro. Por la parte operativa nacional, están acusados los exgerentes de Coca Codo Sinclair, Luciano C. y Henry G. La figura del lobista Conto P. emerge como un nodo central en la trama, con gran parte de su familia —hijos, nietos y yerno— ahora arrastrada al proceso judicial bajo acusaciones de haber facilitado o beneficiado de estas operaciones.
Audiencia preparatoria de juicio
Con la presencia del fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, la audiencia preparatoria de juicio ha cerrado una etapa y abierto la puerta al juzgamiento de fondo. La resolución del juez Hernández valida la suficiencia de las pruebas recolectadas para pasar a la siguiente fase, donde se discutirá la culpabilidad o inocencia de los implicados. El caso Sinohydro se perfila así no solo como un juicio penal, sino como un examen profundo a las estructuras de corrupción que permearon las grandes obras de infraestructura estratégica del país, dejando una deuda moral y económica que la justicia ahora intenta saldar.
