La decisión internacional que obliga a Ecuador a pagar USD 220 millones a Chevron levantó fuertes reacciones políticas y sociales. El fallo arbitral cerró una disputa jurídica que reabre el conflicto por la responsabilidad ambiental en la Amazonía.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, criticó al correísmo por su manejo del caso. Ella aseguró que este es un problema heredado por decisiones políticas del Gobierno de Rafael Correa. Morillo calificó lo ocurrido como “injusto” y costoso para el país.
En su cuenta de X, la funcionaria afirmó que “los caprichos y delirios del correísmo nos cuestan USD 220 millones”. Señaló que se politizó el proceso judicial original. Además reprochó la campaña oficial de esa época denominada “La mano negra de Chevron”.
Los afectados piden un embargo
La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) también reaccionó. La organización anunció que presentó una solicitud al juez de Sucumbíos para embargar el monto ordenado al Estado. Argumentan que Ecuador no debe destinar recursos públicos para pagar a la petrolera.
Udapt considera este caso como “el peor crimen ambiental en nuestra Amazonía”. Sostienen que los derechos humanos deben prevalecer ante los intereses de las grandes transnacionales. La organización critica que la Procuraduría “celebre su derrota” al difundir que el pago no llegó a los miles de millones reclamados inicialmente.
Los afectados también recordaron que han pedido intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperan una resolución que reconozca el daño a las comunidades amazónicas. Creen que Chevron debe repararlo.
Qué decidió realmente el Tribunal Arbitral
La Procuraduría General del Estado explicó los montos fijados. La condena implica USD 220’806.941,94 que se divide en capital e intereses. La cifra es muy inferior a los USD 3.350 millones que exigía la compañía.
El proceso conocido como “Chevron III” se encontraba en una fase destinada a cuantificar la indemnización. La responsabilidad del Estado ya había sido declarada en 2018 al considerar que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones con EE.UU. Este arbitraje es identificado como el Caso CPA 2009-23.
Según el Gobierno, la defensa del Estado logró desechar la mayoría de pretensiones económicas de Chevron. Sin embargo, Ecuador todavía afronta una fase más. La Procuraduría representará al país en la determinación de costas procesales.
En el gobierno de Lenin Moreno se solicitó que se active el proceso de repetición para los responsables de este caso.
Chevron celebra el fallo y habla de corrupción
Chevron respondió mediante un comunicado. Aseguró que el laudo “fortalece el Estado de derecho a nivel global”. Destacó que la sentencia condena fraudes y actos de corrupción en el proceso judicial ecuatoriano.
Para la petrolera, lo ocurrido evidencia que se violaron normas internacionales durante el Gobierno de Ecuador. No lo nombra, pero hace alusión al periodo presidencial de Rafael Correa. La compañía celebra se reivindica la seguridad jurídica para los inversionistas.
Las declaraciones empresariales generan rechazo entre organizaciones amazónicas. Udapt insiste en que el centro del debate debe seguir siendo la contaminación dejada en la región. Señalan que los problemas de salud y ambientales continúan y no han sido reparados.
La disputa legal entre Ecuador y Chevron se extiende por más de 30 años. Comenzó por denuncias de derrames y afectaciones en áreas indígenas y campesinas. Aunque existen diferentes decisiones judiciales en el mundo, los afectados consideran que la justicia sigue pendiente, porque el daño ambiental y a la salud, no fue reparado.
