Los pequeños y medianos productores bananeros de la provincia de El Oro, anunciaron este jueves 27 de noviembre de 2025 acciones legales contra el Decreto Ejecutivo 231, emitido por el Gobierno Nacional.
La medida, firmada por el presidente Daniel Noboa el lunes anterior, extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para registrar plantaciones de banano, plátano y otras musáceas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Los afectados argumentan que la norma favorece a grandes agroexportadores y genera sobreproducción que desplaza a los pequeños agricultores, con impacto en precios y subsistencia en regiones como El Oro.
En una rueda de prensa , representantes del Centro Agrícola de Machala, el Centro Agrícola de El Guabo y asociaciones de Pasaje calificaron el decreto como inconstitucional y perjudicial.
Pronunciamiento de productores
Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, denunció que la ampliación permite legalizar siembras no autorizadas, lo que “da carta blanca” a grupos económicos grandes para expandir cultivos mientras los medianos y pequeños carecen de herramientas competitivas.
El decreto reforma el Reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, con el fin de actualizar registros afectados por la enfermedad del Fusarium, un hongo que ha causado pérdidas históricas en el sector.
Productores locales estiman que sin controles estrictos, las siembras ilegales podrían pasar de 5.000 hectáreas actuales a entre 20.000 y 50.000 para 2026, exacerbando la sobreproducción en provincias como Guayas, Santa Elena y Los Ríos.
Posible impacto en el pequeño productor
Los dirigentes destacaron que El Oro cuenta con 3.819 productores bananeros registrados, de los cuales más de 2.500 son pequeños y medianos, dependientes de ventas locales y exportaciones.
Solano advirtió que la medida creará un mercado desigual: “Cuando los grandes completen su cupo de fruta, dejarán de comprar nuestra producción y nos obligarán a vender a precios por debajo del mínimo“. Esto, según los afectados, pone en riesgo la subsistencia de familias enteras en una provincia que genera divisas clave para la economía nacional, con exportaciones de banano que superaron los 2.000 millones de dólares en años previos.
Además, cuestionaron la falta de estudios técnicos en el decreto, como cifras transparentes sobre hectáreas perdidas por Fusarium —estimadas en 7.000 directamente afectadas y hasta 40.000 en riesgo— o la trazabilidad del material vegetal en siembras recientes. “Se gobierna sin cifras, con ignorancia. No tienen la valentía de decirle al país la verdad”, expresó un vocero durante la conferencia.
La norma prohíbe nuevas siembras no autorizadas después del plazo, pero permite regularizar las existentes, lo que los productores ven como una “prórroga a la ilegalidad”.
Posibles movilizaciones y respaldo
Jonathan Ortiz, representante de pequeños bananeros del Guayas, indicó que, de no corregirse el decreto, no descartan una paralización del sector, aunque se decidirá en consenso con productores de todo el país. “Si en última instancia no se logra corregir el Decreto 231, no descartan una paralización”, afirmó Ortiz,
Delegaciones de Los Ríos, Guayas, Manabí y Esmeraldas enviaron mensajes de apoyo y confirmaron su adhesión a las acciones legales.
