Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, compareció el 7 de julio de 2025 ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para proponer reformas fundamentales al Código Orgánico de la Función Judicial, con el fin de mejorar los criterios de evaluación y designación de jueces y fiscales, buscando mayor objetividad y eficiencia en el sistema de justicia.
Propuestas para la evaluación y nombramiento
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, enfatizó la necesidad de una revisión integral de los criterios actuales de evaluación. Explicó que los concursos públicos para jueces y fiscales no se realizan desde el año 2017. Esto ocurre “debido a limitaciones en las normativas del Código de la Función Judicial vigente, que presenta ambigüedades normativas y la aplicación de criterios subjetivos en la calificación de méritos”.
Godoy planteó establecer parámetros claros, objetivos y actualizados para calificar a estos funcionarios. Además, destacó la importancia de aplicar correctamente las pruebas psicológicas de confianza. Subrayó que la falta de evaluaciones limita las posibilidades de promoción. Los jueces no han sido evaluados desde 2017 y los fiscales desde 2011.
Evaluación diferenciada y remoción por bajo desempeño
El presidente Godoy sugirió que los jueces de materia penal deben ser evaluados con parámetros distintos. Esto es diferente a los aplicados a jueces civiles o de niñez. La naturaleza específica de cada función lo demanda. Propuso que la Corte establezca los parámetros de evaluación de forma anual. En el Código vigente, la evaluación se basa en parámetros cualitativos y subjetivos.
Sobre la remoción de servidores judiciales, Godoy propuso que una sola evaluación insuficiente sea causal de separación. Afirmó que “la norma no permite una separación inmediata por bajo desempeño”. Considera que esto permitirá cortar la impunidad de raíz. Especialmente cuando funcionarios tienen procesos abiertos por vinculación a grupos de delincuencia organizada.
Fortalecimiento de la escuela judicial y la mediación
Respecto a la Escuela de la Función Judicial, Godoy detalló que ha perdido su objetivo. Su misión es tecnificar al servidor judicial. Por ello, solicitó que se detallen mecanismos de pruebas teóricas y prácticas. Estas deben tener notas mínimas de 80 para garantizar la calidad. Pidió también esclarecer que esta Escuela no es un ente académico. No obstante, debe contar con docentes universitarios. Esto respaldará el conocimiento impartido.
Finalmente, sobre el acceso a servicios de justicia, Godoy resaltó la mediación como política de Estado. Fomentar la descongestión procesal es crucial. “No debe verse como una alternativa, sino como una política a tratar obligatoriamente”, afirmó. Por ello, solicitó que los centros de mediación sean regulados por el Consejo de la Judicatura. Esto garantizará su buen funcionamiento. La presidenta de la Comisión, Rosa Torres, señaló que las reformas se tratarán con premura. La ciudadanía exige cambios profundos.
