• 5 minutos de lectura
El presidente Daniel Noboa anunció el lunes 2 de marzo que el país entra en una etapa determinante para frenar al narcoterrorismo. Durante la reciente ceremonia policial, el mandatario confirmó la aplicación de un nuevo toque de queda en cuatro provincias específicas del litoral ecuatoriano. Sin embargo, la selección de estos territorios ha despertado críticas inmediatas por la falta de concordancia con la violencia real que se vive en otras zonas críticas del Ecuador.
Al revisar los reportes del Ministerio del Interior correspondientes a enero de 2026, la provincia de Manabí aparece como el segundo foco más crítico a nivel nacional. Con 96 homicidios intencionales registrados en apenas 31 días, esta jurisdicción supera la letalidad de tres de las provincias que sí fueron incluidas en el toque de queda. Resulta incomprensible para diversos analistas que la segunda zona con más muertes quede al margen de la nueva restricción de movilidad nocturna.
El mapa de la restricción nocturna
El plan de seguridad diseñado por el Gobierno central se aplicará en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. Estas provincias deberán cumplir con el toque de queda desde el próximo 15 de marzo, limitando la circulación de personas entre las 23h00 y las 05h00. Daniel Noboa justifica este despliegue por la fuerte presencia de economías ilícitas y grupos de delincuencia organizada que operan en los corredores logísticos.
La medida busca asfixiar las rutas del narcotráfico durante la madrugada, momento en que el hampa suele trasladar armamento y sustancias prohibidas. El ministro John Reimberg solicitó que las familias se mantengan en sus hogares mientras se ejecutan los operativos de rastreo y captura. El éxito de este toque de queda depende, según el régimen, del compromiso ciudadano y la vigilancia militar constante en las vías de acceso estratégico.
El enigma de Manabí frente al hampa
Las estadísticas oficiales muestran que la violencia en territorio manabita no es un fenómeno menor ni aislado. Mientras que Santo Domingo de los Tsáchilas apenas registró 8 muertes violentas en enero, el Gobierno decidió incluirla en el toque de queda. En contraste, los 96 asesinatos en Manabí no fueron suficientes para activar la prohibición de circular, lo que deja una brecha evidente en la seguridad regional y genera malestar en la población.
Informes de inteligencia detallan eventos de extrema crueldad en cantones como Santa Ana, donde una masacre dejó seis víctimas mortales el pasado 12 de febrero. A pesar de este panorama sombrío y de otras masacres reportadas en El Carmen y Manta, la provincia no aparece en el listado del toque de queda. Esta decisión deja a los habitantes manabitas en una situación de incertidumbre frente al avance de la criminalidad y los constantes ataques armados selectivos.
El Decreto 311 y las facultades militares
El presidente sí consideró la crisis de Manabí en la renovación del estado de excepción firmada el 28 de febrero de 2026. A través del Decreto 311, se extendieron las facultades extraordinarias en nueve provincias, permitiendo que los soldados apoyen a la policía en patrullajes. Sin embargo, la falta de un toque de queda impide que se prohíban las reuniones masivas en las noches, limitando la capacidad de control estatal en las calles más peligrosas de la costa.
Bajo este decreto vigente, las fuerzas del orden tienen la potestad de realizar allanamientos e interceptar correspondencia sin necesidad de una orden judicial previa. Esta herramienta es vital para desmantelar bandas de narcotráfico y minería ilegal en zonas apartadas del país como Sucumbíos y Esmeraldas. No obstante, el toque de queda es el único mecanismo que frena el flujo vehicular nocturno, algo que Manabí sigue esperando para pacificar sus barrios urbanos.
Operaciones especiales y control territorial
En las jurisdicciones donde sí rige la restricción, las Fuerzas Armadas tienen la facultad de irrumpir en viviendas sospechosas durante el horario prohibido. Esta fase de combate, según el régimen, aprovecha la oscuridad para capturar a los líderes del crimen organizado mediante el factor sorpresa. El toque de queda se convierte así en una táctica de guerra interna para recuperar el territorio y devolver la paz a los hogares asediados por las extorsiones.
El Gobierno ha confirmado que estas operaciones contarán con el respaldo de aliados internacionales, destacando la cooperación directa de los Estados Unidos. Se utilizará tecnología de vigilancia aérea para rastrear comunicaciones y neutralizar posibles ataques terroristas en tiempo real. El toque de queda facilitará enormemente el despliegue de estas unidades élite, garantizando que el uso de la fuerza estatal sea preciso y contundente contra los objetivos de alto valor.
Un futuro incierto para la costa
La disparidad en la aplicación de las medidas genera una percepción de desprotección en las provincias que quedaron fuera del anuncio. Mientras que Guayas enfrenta su crisis con 331 muertes y una restricción absoluta, Manabí debe lidiar con sus 96 homicidios sin un freno a la movilidad. El toque de queda sigue siendo la pieza faltante en el rompecabezas de seguridad de una provincia que sufre la impunidad de las mafias y el acecho de la crisis delictiva.
