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En el marco del Caso Jaque, una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) facilitaba trámites irregulares, incluyendo la legalización de licencias de conducir extranjeras. Diez personas, entre funcionarios y comerciantes, fueron detenidas el 30 de enero de 2026 tras 23 allanamientos. La operación, liderada por la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló cobros entre 20 y 250 dólares por procedimiento.
Nueve de los implicados apelaron la prisión preventiva, con audiencia programada para el 12 de marzo. El expediente judicial expone evidencias como conversaciones interceptadas y documentos decomisados, destacando irregularidades en agencias de Pichincha y otras provincias. La investigación, que abarcó desde enero de 2025 hasta enero de 2026, identificó dos grupos operativos: uno liderado por alias “el Rey” y otro por “Miguelito”, compuesto por intermediarios.
Claras muestras de corrupción en la ANT
Estos facilitaban matrículas vehiculares, revisiones técnicas, permisos para escuelas de conducción y cooperativas de transporte público. Según transcripciones de llamadas autorizadas por una jueza anticorrupción, los implicados coordinaban pagos y transferencias bancarias. En una conversación, se mencionó que de 3 mil semanales exigidos, 2.200 iban al jefe, dejando el resto para los tramitadores.
Entre las evidencias clave, la Policía decomisó licencias extranjeras: al menos diez de Venezuela, 24 de Colombia (expedidas por el Ministerio de Transporte de ese país), dos de Cuba y una de España. También se halló un formulario para canje de licencias extranjeras por ecuatorianas, un sobre con diez hojas impresas con logotipos colombianos y un documento de un banco estadounidense.
Además, se encontraron 18 papeles de revisiones técnicas y 12 matrículas vinculadas a la Alcaldía de Playas, pese a que este cantón en Guayas no cuenta con agencia de tránsito propia. Otros documentos involucraron a la Empresa Pública de Movilidad de Cayambe (16 papeles), municipios de San Vicente, Manta, Distrito Metropolitano de Quito (10 hojas), Durán, Chone y Santo Domingo, así como contratos de compra-venta de vehículos.
Llamadas entre los sospechoso fueron interceptadas
Los detenidos incluyen a Pedro A. (48 años, exdirector nacional de la ANT), Emma A. (directora provincial de Pichincha), Ximena C. (jefa de agencia Plataforma Norte), Oswaldo H. (jefe de agencia Occidental), Edwin S. (jefe de agencia Mejía), Gabriel C. (jefe de agencia Cayambe), Dora S. (digitadora en Cayambe), y los comerciantes Manuel P., Carlos O. y Enrique A.
Cuatro de ellos se acogieron al silencio durante la formulación de cargos. Las comunicaciones revelan alias como Charly, Kike, Alejo, Dama (funcionarios de Pichincha), Profesor, Mica, Cholo, Bola (tramitadores de Cayambe) y Rosa. Diálogos interceptados detallan la coordinación: en diciembre de 2025, Pedro A. recibió alertas sobre corrupción en Manabí y operativos en Guayaquil, proporcionando contactos para resolverlos.
Otras conversaciones abordan depósitos de 800 dólares en billetes grandes, sugerencias de ahorro programado en bancos y referencias a un asesinato en la ANT, vinculado a trabas en sistemas para licencias falsas, posiblemente relacionadas con grupos como Los Choneros. Se mencionan disputas internas, como reclamos por jefaturas rentables (5 mil semanales en pactos con escuelas de conducción) y limitaciones en trámites diarios (máximo 20 por día, bajo riesgo de despido).
Se suspendieron los servicios en la ANT
En allanamientos, se hallaron 19.780 dólares en rollos de billetes, presuntamente de Pedro A., junto a cuadernos con datos adhesivos. Este caso resalta vulnerabilidades en el sistema de tránsito ecuatoriano, donde agencias municipales y nacionales manejan miles de trámites anuales. La ANT, responsable de regular el transporte, ha enfrentado escrutinios previos por irregularidades.
La audiencia del jueves 12 de marzo definirá el curso legal de los procesados por supuestos casos de corrupción en la ANT, mientras la Fiscalía consolida pruebas para el juicio. Debido a esta investigación, el Gobierno decidió suspender la atención de la ANT a nivel nacional, pero de a poco se ha ido liberando ciertos tipos de atenciones, especialmente entre Quito y Guayaquil.
