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La viceministra de Acuacultura y Pesca, Ivanova Cereceda, indicó tras una reciente auditoría en Bruselas que Ecuador se encuentra en la fase final para eliminar la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea (UE) desde 2019.
El proceso, supervisado por la Dirección General del Mar (DG Mare), busca certificar que el país ha superado las deficiencias en el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Según la funcionaria, los avances en trazabilidad y gestión de flota permitieron que, incluso bajo sanción, el sector atunero exportara US$ 1.107 millones al bloque europeo durante 2025, consolidando a la región como el principal destino de los productos del mar ecuatorianos, declaró en una entrevista a la revista Forbes Ecuador.
Crecimiento exponencial pese a las restricciones
A pesar de la vigencia de la tarjeta amarilla, el sector pesquero ecuatoriano ha demostrado un crecimiento notable. Durante el año 2025, el 60 % de los enlatados de atún producidos en el país tuvo como destino la Unión Europea, mercado donde Ecuador sostiene una participación del 35 %.
Este desempeño representó un incremento del 14 % en valor y un 10 % en volumen en comparación con el periodo anterior. Tras la UE, los principales compradores fueron Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido.
El éxito comercial se atribuye a una industria que la viceministra calificó como “valiente”, capaz de mantener altos estándares de calidad frente a competidores directos como España.
No obstante, la sanción ha generado barreras invisibles: algunos compradores internacionales intentaron negociar precios a la baja utilizando la advertencia de la UE como argumento de presión, y el acceso a financiamiento de organismos como el Banco Mundial se ha visto limitado para la renovación de la flota, señaló en la entrevista.
La eliminación de la tarjeta amarilla no solo limpiaría la reputación internacional del país, sino que permitiría un crecimiento adicional. Las proyecciones oficiales estiman que, sin la sanción, la capacidad instalada de la industria podría aumentar al menos un 20 %, posicionando a Ecuador como el proveedor número uno de atún enlatado para el mercado europeo.
Modernización del control y gestión de flota
Uno de los pilares para convencer a los auditores europeos fue la implementación del acuerdo ministerial del 16 de enero de 2026. Esta normativa permite un control estricto sobre la capacidad de acarreo de las flotas, regulando el manejo de las cubas y el factor de estiba de los barcos.
El sistema ahora emite alertas a través del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca (SIAP); por ejemplo, si una embarcación llega con un factor de estiba al límite de su capacidad (0,96 %), se activa una inspección inmediata.
Ecuador también ha fortalecido su rol internacional al presidir el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) de la FAO en la reunión de abril de 2025 en Manta. De los 17 miembros de América que integran este organismo, el país ocupó el primer lugar en niveles de cumplimiento. Esta gestión garantiza que los barcos involucrados en actividades ilegales no puedan ingresar a puertos ecuatorianos, un requisito indispensable para la DG Mare.
En la actualidad, el país cuenta con la red de vigilancia más robusta de la región, disponiendo de 300 inspectores pesqueros que supervisan descargas industriales, artesanales y de materia prima importada, añadió la funcionaria.
Esta estructura fue reconocida por el comisionado de los océanos de la Comisión Europea, Costa Cádiz, quien calificó a Ecuador como un socio estratégico fundamental para la seguridad alimentaria del bloque.
El desafío de la gobernanza sancionatoria
El único punto pendiente para el levantamiento definitivo de la sanción es la gobernanza sancionatoria. Según detalló Cereceda, la UE requiere ver sanciones ejemplarizadoras que no sean discrecionales. Este proceso sufrió retrasos debido al traslado de las competencias de Acuacultura y Pesca al Ministerio de Agricultura en julio de 2025, lo que suspendió temporalmente los plazos administrativos y la delegación de firmas para emitir castigos.
Para resolver este inconveniente, el Viceministerio trabaja en un manual de valoración de la pesca que servirá de base para aplicar multas y suspensiones con criterios técnicos. La nueva estructura organiza los casos legales directamente en la Dirección de Política Pesquera y Acuícola, evitando que los expedientes se diluyan en la coordinación jurídica general del ministerio, un cambio valorado positivamente por Bruselas en la última auditoría.
Superar este “nudo crítico” permitirá a la flota atunera, compuesta por 106 embarcaciones (la más grande del Pacífico Oriental), acceder a créditos para modernización. El costo de una embarcación clase seis oscila entre los US$ 50 y US$ 60 millones, inversiones que la industria está lista para asumir una vez que se restablezca la confianza plena de las entidades financieras internacionales.
Hoja de ruta hacia el cierre de 2026
La meta del Gobierno es quedar libre de la tarjeta amarilla antes de que finalice el año 2026. La hoja de ruta establece un periodo de seis meses de comunicación constante con los auditores europeos para demostrar la aplicación efectiva de las nuevas sanciones. Cereceda planea un nuevo viaje a Bruselas en tres meses para presentar pruebas concretas de los expedientes resueltos y presionar por una decisión anticipada, agregó en la entrevista en Forbes Ecuador.
Paralelamente, el país busca solucionar deficiencias de infraestructura. Al no contar con un astillero de gran capacidad, los barcos deben trasladarse a Panamá para mantenimientos, generando costos logísticos y retrasos. El Gobierno analiza la construcción de un nuevo astillero moderno en Posorja, proyecto que podría recibir financiamiento del Banco Mundial una vez que desaparezca la restricción europea. (10).
