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La devolución del IVA constituye una obligación del Estado ecuatoriano hacia los adultos mayores, no una concesión discrecional. Sin embargo, la cadena de pagos presenta una falla estructural: el Ministerio de Economía y Finanzas no siempre transfiere los recursos al Servicio de Rentas Internas (SRI) con la oportunidad que la ley exige, lo que paraliza todo el proceso de acreditación.
Esa ruptura en la cadena fiscal golpea directamente a quienes más dependen de este beneficio: adultos mayores y personas con discapacidad que organizan sus finanzas personales en torno a la recuperación de estos valores. Ante esa realidad, el conocimiento de los mecanismos legales disponibles marca la diferencia entre cobrar o seguir esperando.
Los plazos que rigen la devolución del IVA y por qué generan controversia
La normativa vigente otorga al Estado un margen de hasta 90 días calendario para completar el pago, un periodo que genera debate entre los propios beneficiarios. Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un nuevo IESS, tomó postura al respecto en una entrevista con diario Extra y calificó ese tiempo como “excesivo”, poniendo en evidencia la tensión entre lo que la ley permite y lo que los adultos mayores consideran justo.
Dentro de ese marco general, el SRI opera bajo un plazo interno más acotado: 60 días hábiles contados desde la aprobación de la solicitud para acreditar el dinero en la cuenta del beneficiario. Ese vencimiento activa automáticamente el derecho a presentar un reclamo formal, lo que abre la primera puerta del proceso legal.
Qué revisar antes de iniciar un reclamo formal al SRI
Especialistas en derecho tributario coinciden en que varios retrasos obedecen a errores subsanables del propio contribuyente. Por eso, el primer movimiento debe ser interno: verificar que la cuenta bancaria registrada esté activa y que los datos coincidan exactamente con los registros del SRI. Un dígito equivocado en el número de cuenta basta para bloquear un pago por meses.
De igual forma, conviene auditar los comprobantes entregados en la solicitud original y cruzar esa información con el estado del trámite a través de los canales digitales o las oficinas del SRI. Resolver observaciones en esta etapa evita procesos más complejos y costosos. Además, corrige el problema en su origen, sin necesidad de recurrir a instancias judiciales.
Dos rutas legales para exigir la devolución del IVA si el SRI no actúa
Cuando el reclamo administrativo llega a un callejón sin salida, el contribuyente dispone de la vía contencioso-tributaria. Esta ruta implica presentar una demanda formal ante los tribunales competentes dentro de un plazo de 60 días hábiles a partir de la notificación de la resolución. La complejidad técnica del procedimiento exige contar con un abogado con experiencia en derecho tributario, dado que un error de forma puede cerrar esa puerta.
La segunda alternativa opera por la vía constitucional: la acción de protección. Este recurso procede cuando los retrasos generan una vulneración de derechos fundamentales como la atención prioritaria, el debido proceso o el derecho a una vida digna. A diferencia de la vía tributaria, la acción de protección tiene tiempos más cortos y genera mayor presión institucional sobre el SRI.
La acción judicial que ya aceleró pagos de devolución del IVA en Ecuador
Colectivos de adultos mayores que dependen de pensiones reducidas llevan esta estrategia a la práctica con resultados concretos. La presión que ejercen las demandas constitucionales logró destrabar procesos de acreditación que llevaban meses detenidos. Por tanto, la acción de protección deja de ser un recurso teórico y se convierte en una herramienta operativa frente a la inacción del Estado.
El recorrido que va desde la verificación de datos hasta la demanda constitucional dibuja una hoja de ruta clara: actuar pronto, documentar cada paso y no asumir que el silencio del SRI equivale a una respuesta definitiva.
La devolución del IVA tiene plazos, tiene recursos y tiene consecuencias jurídicas para el Estado cuando no las cumple. Conocerlas es el primer paso para cobrar.
