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La construcción del nuevo mercado Central de Jipijapa, impulsada por el Municipio, enfrenta reclamos de propietarios desde 2025, por desacuerdos en expropiaciones necesarias para completar el área requerida.
El proyecto del nuevo mercado Central de Jipijapa contempla una infraestructura moderna sobre un área total de 3.920 metros cuadrados, según la planificación municipal presentada oficialmente.
Sin embargo, el Municipio de Jipijapa dispone actualmente de 2.360 metros cuadrados, lo que deja un faltante de 1.560 metros cuadrados necesarios para completar el proyecto.
Dichos terrenos pertenecen a cuatro familias y una institución, cuyos representantes han manifestado públicamente su negativa a ceder los predios requeridos para la obra.
Diferencias sobre terrenos y avalúos
Los propietarios sostienen que en los terrenos existen edificios, sedes institucionales y locales comerciales, por lo que consideran que el valor ofrecido no refleja su realidad económica.
Según información municipal, se destinó un monto de 257.310 dólares para la adquisición de los cinco predios involucrados en el proceso de expropiación.
El valor promedio reconocido equivale a 165 dólares por cada metro cuadrado, cifra que ha sido cuestionada por los afectados por considerarla insuficiente.
La controversia escaló al ámbito judicial cuando Jaime Miller Zavala, en representación de su madre Ángela Zavala, presentó una acción de protección en Jipijapa.
Acción judicial y argumentos legales
La acción fue interpuesta ante la Unidad Judicial de Jipijapa, con el objetivo de suspender el proceso de expropiación impulsado por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal.
El abogado Juan Carlos Izurieta, defensor de la familia Zavala, indicó que la propietaria tiene 86 años y presenta deterioro cognitivo certificado.
Señaló además que la adulta mayor pertenece a un grupo de atención prioritaria, lo que, según la defensa, exige procedimientos reforzados de protección de derechos.
Izurieta afirmó que se habría afectado a la propietaria sin aplicar un procedimiento expropiatorio válido, vulnerando derechos constitucionales fundamentales reconocidos en la normativa ecuatoriana.
Observaciones al procedimiento administrativo
El jurista explicó que el 16 de enero de 2025 se inscribió una prohibición de enajenar sobre los inmuebles, sin declaratoria individualizada de utilidad pública.
Añadió que tampoco se habría realizado un avalúo previo, notificación personal ni indemnización, elementos exigidos por la Constitución y la legislación vigente.
Indicó que la audiencia fue convocada, pero el juez no concedió medidas cautelares de forma oportuna pese a existir, según dijo, riesgo real e inminente.
Esta situación habría permitido, según la defensa, la emisión posterior de actos administrativos, incluyendo una declaratoria de utilidad pública para los terrenos.
Postura de la defensa y marco constitucional
El abogado calificó el proceso como una posible expropiación encubierta o de facto, al no cumplirse, a su criterio, las etapas legales correspondientes.
Recordó que el Estado puede expropiar bienes privados únicamente cumpliendo declaratoria previa, individualización del bien, avalúo, justiprecio, indemnización y debido proceso.
Desde el Municipio, la alcaldesa Ángela Plúa defendió el proyecto señalando que el desarrollo urbano de Jipijapa requiere un mercado de estas características.
Indicó que la obra representa una inversión aproximada de 8,2 millones de dólares, orientada a modernizar el comercio y la infraestructura municipal.
Respuesta municipal y socialización del proyecto
Plúa aseguró que la administración no busca afectar a ninguna familia, pero sostuvo que la magnitud del mercado exige contar con la totalidad del terreno planificado.
Sobre los valores reconocidos, explicó que el precio se determina mediante el sistema catastral, basado en las declaraciones que los propietarios realizan anualmente.
Mencionó que existen casos en los que se declaran edificaciones menores a las realmente construidas, lo que incide en los registros oficiales de avalúos.
“No tenemos la culpa de que hayan registrado su propiedad con menor valor”, señaló la alcaldesa al referirse a los cuestionamientos por los montos ofrecidos.
Añadió que la normativa permite incrementar los valores hasta un 10 por ciento, siempre que exista sustento legal y técnico dentro del proceso.
Finalmente, indicó que el proyecto ha sido socializado con 172 comerciantes, quienes esperan un mercado moderno tipo mall que dinamice la economía local.
Con información de Galo Mero
