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La falta de una lista oficial mantiene en duda si Portoviejo figura entre los municipios observados por el Gobierno por la revisión vehicular.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, informó que más de 60 GAD están bajo observación por sus centros de revisión técnica vehicular. El anuncio incluyó una lista corta con los nombres de los municipios de Guayaquil, Quito, Durán, Manta, Tosagua y Playas.
La posición del alcalde
El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, afirmó que la administración municipal mantiene una postura de apertura total al control estatal. Señaló que Portovial, empresa pública encargada del tránsito, está dispuesta a recibir investigaciones o intervenciones en cualquier momento.
“Como presidente del directorio, estamos haciendo un trabajo bueno y transparente. Estamos abiertos si se desea investigar e intervenir“, señaló el alcalde.
Aseguró que hasta ahora no existen denuncias sobre presuntas irregularidades en Portovial. “Estamos tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien en favor de la movilidad de Portoviejo“, sostuvo.
Fiscalización desde el Concejo
El concejal Yandry Bazurto, presidente de la comisión de movilidad, tránsito y transporte, explicó que, como integrante del directorio de Portovial, ha participado en los procesos internos de la empresa y no ha detectado irregularidades.
Precisó que el presupuesto de Portovial en 2025 fue de 6,9 millones de dólares y la ejecución presupuestaria alcanzó el 85 %.
Reconoció que existen temas pendientes, entre ellos el aumento del número de agentes civiles de tránsito y que se aspira implementar este año, con unos 30 agentes nuevos.
Competencias y control político
La concejal Sara Fernández, recordó que el artículo 55 del COOTAD establece que el tránsito es una competencia exclusiva de los municipios dentro de su circunscripción territorial, lo que respalda la gestión local sobre este servicio.
Afirmó que, en el caso de Portoviejo, no existe ningún proceso formal que confirme que lo anunciado por el ministro esté ocurriendo en el cantón. Para Fernández, es necesario evitar la generalización de situaciones sin que se identifiquen los municipios con observaciones concretas.
Señaló que, aunque las empresas públicas pueden presentar errores, es importante que los procesos no se centralicen. “Antes, hasta para comprar un semáforo se tenía que pedir permiso a Quito“, señaló Fernández, quien considera que se deben realizar las investigaciones respectivas en los cantones que se han detectado irregularidades, pero no se debe generalizar.
Como presidenta de la comisión de presupuesto, Fernández aseguró haber realizado procesos de fiscalización tanto al presupuesto como a la ejecución presupuestaria de Portovial. Explicó que las acciones de control se activan, principalmente, por solicitudes o denuncias ciudadanas, y que hasta ahora no se ha recibido ninguna sobre presuntas irregularidades.
