La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 26 personas desaparecidas y seis mujeres que las buscan, en el marco del estado de excepción vigente en Ecuador. Esta decisión se tomó el 24 de diciembre de 2025 y se difundió este 30 de diciembre , en respuesta a una solicitud presentada en abril de 2025.
El organismo regional determinó que estas personas enfrentan un riesgo grave e urgente a su vida e integridad personal, derivado del contexto de violencia e inseguridad en el país.
Según el comunicado oficial de la CIDH, las 26 personas desaparecidas fueron detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en operativos realizados durante 2024, sin que hasta ahora se tenga información oficial sobre su paradero, a pesar de denuncias y órdenes judiciales. Además, las seis mujeres buscadoras han enfrentado amenazas e intimidaciones mientras intentan localizar a sus familiares.
Medidas dictadas por la CIDH
La CIDH estableció seis acciones específicas que el Estado ecuatoriano debe cumplir, basadas en su artículo 25 del reglamento. En primer lugar, se exige redoblar esfuerzos para determinar la situación y el paradero de los desaparecidos, mediante un plan de búsqueda con resultados medibles, participación de las familias y un enfoque adaptado a la edad de las víctimas, conforme a estándares internacionales.
En segundo lugar, el Estado debe entregar de inmediato toda la información disponible sobre el destino de estas personas, incluyendo datos solicitados por decisiones judiciales locales y acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Por otro lado, se ordena adoptar medidas con enfoque de género para proteger la vida e integridad de las mujeres buscadoras: Lorena Jacqueline Roca Magallón, Wendy Gabriela Álvarez Chávez, la esposa de Jonathan Daniel Villón Velasco, Mercí Rocío García Bajaña, Mayra Álvarez Chávez y Jeniffer Pillajo Córdova.
Atención y coordinación requeridas
Además, la CIDH indica que se debe brindar atención a la salud física y mental de estas seis familiares, de forma voluntaria y acordada con ellas.
Finalmente, el Estado tiene la obligación de informar sobre las acciones tomadas para investigar con diligencia los hechos que motivaron estas medidas cautelares, con el objetivo de prevenir su repetición.
Desapariciones en Ecuador
El Decreto Ejecutivo 111 surgió como respuesta al aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana en Ecuador, permitiendo el despliegue militar en todo el territorio, incluidos centros penitenciarios. Sin embargo, según reportes de organizaciones como Amnistía Internacional, esta militarización ha coincidido con un incremento en denuncias de desapariciones forzadas.
Desde 2023, la Fiscalía ecuatoriana ha registrado al menos 43 casos relacionados con posibles detenciones por agentes estatales, y en 2024 un comité local documentó 33 incidencias similares en provincias costeras.
