Este jueves 11 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado informó que Emerson Geovanny C. U., exjuez de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue sentenciado nuevamente por prevaricato.
La audiencia se realizó bajo un procedimiento abreviado en el que el exjuez aceptó su responsabilidad como autor directo del delito. El tribunal que conoció el caso dictó 22 meses de prisión, multas económicas y medidas de reparación por los hechos investigados.
Detalles del fallo y sanciones
La sentencia impuesta incluye el pago de **multas entre diez y doce salarios básicos unificados, como parte de la reparación integral ordenada por el tribunal. Además, el exjuez deberá publicar disculpas en un diario de amplia circulación en la localidad y producir un video reflexivo sobre la importancia del cumplimiento de la ley, como medida simbólica.
El fallo también ordena 20 salarios básicos unificados como reparación material a favor del Consejo de la Judicatura y el pago de 2.162 dólares por la pericia constitucional aportada por la Fiscalía.
Hechos que motivaron la sentencia
El fiscal provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Juan Carlos Vivar, explicó que los hechos ocurrieron cuando Curipallo dictó en noviembre de 2021 medidas cautelares sin fundamento legal, pese a que el expediente había sido remitido a la Corte Constitucional para resolver un conflicto entre causas vinculadas.
Fiscalía determinó que esas decisiones afectaron a la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, al suspender actos administrativos válidos y afectar competencias institucionales, favoreciendo de forma indebida a una empresa privada de transporte tipo taxi.
Otras condenas previas
Esta es la cuarta condena que recibe el exjuez por hechos relacionados con su gestión. La primera sentencia fue 40 meses de prisión por delincuencia organizada en el caso denominado Metástasis, en el que se investigó la liberación irregular de personas vinculadas a estructuras criminales.
Posteriormente, en julio de 2024, fue condenado a 30 meses de cárcel por prevaricato, tras desnaturalizar un habeas corpus y ordenar la libertad de personas con sentencias ejecutoriadas. En junio de 2025 recibió una tercera condena de 27 meses por el mismo delito de prevaricato, también bajo procedimiento abreviado.
Relevancia y contexto
El fallo forma parte de una serie de acciones penales que la Fiscalía ha impulsado contra funcionarios judiciales en el marco de investigaciones más amplias sobre procedimientos irregulares en la administración de justicia. Estas decisiones judiciales buscan reforzar la legalidad y establecer sanciones cuando se prueba la actuación ilegal de servidores públicos, como lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
