La polémica por el contrato de generación térmica Esmeraldas III no se apaga. La central debía aportar 91 megavatios, pero hoy está paralizada. Mientras tanto, persisten las preguntas sobre el uso de recursos públicos.
El proyecto nació bajo la figura de emergencia eléctrica, activada por la crisis del año anterior. El Gobierno de Daniel Noboa buscó nueva generación para enfrentar racionamientos. En ese contexto se adjudicó a la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM) un contrato cercano a USD 89 millones.
La obra, ubicada en Esmeraldas, debía operar este 2025. El compromiso era inyectar 91 megavatios (MW) al Sistema Nacional Interconectado. Sin embargo, los plazos se incumplieron y la planta sigue sin funcionar.
El anticipo millonario y el contrato cuestionado
El punto más sensible es el dinero ya desembolsado. Según la información disponible, la empresa recibió USD 71 millones. La gran pregunta es por qué se entregó ese monto si, desde el inicio, hubo incumplimientos técnicos.
Durante los primeros meses de 2025, Austral avanzó parcialmente en la instalación. Colocó 16 de los 48 motogeneradores previstos en el diseño original. Más allá de ese hito, el proyecto comenzó a frenarse, aseguran críticos del proyecto.
En un comunicado difundido el 5 de diciembre de 2025, la empresa reconoció la paralización. Sin embargo, atribuyó el alto a decisiones del administrador del contrato y del equipo fiscalizador.
Según Austral, la paralización fue impuesta “de forma unilateral”. Afirma que sus funcionarios acuden diariamente a las instalaciones de Esmeraldas III. Asegura también que el administrador y los fiscalizadores abandonaron el proyecto desde julio.
La versión de ATM: correos, fluidos y pruebas bloqueadas
En su comunicado, Austral Technical Management detalla condiciones operativas que, según la empresa, no fueron cumplidas por Celec. Recuerda que el administrador debe proveer combustibles, aceites y otros fluidos para las pruebas. Alega que sin esos insumos no puede continuar la generación ni las conexiones.
La contratista afirma haber solicitado diariamente, por correo electrónico, la autorización para seguir trabajando. Esos pedidos habrían comenzado en julio y se mantuvieron sin respuesta. La falta de contestación es presentada como una forma de bloqueo.
Mientras tanto, algunos medios reportaron que Austral habría abandonado el proyecto termoeléctrico.
Denuncia penal y arbitraje en curso
Frente a este escenario, Celec EP anunció una medida drástica. El 8 de diciembre de 2025 informó que presentó una denuncia penal por delincuencia organizada vinculada al proyecto. La estatal habla de proteger el buen uso de los recursos públicos.
La denuncia apunta a responsables aún no identificados públicamente. La cifra mencionada por la empresa estatal es clara: están en juego USD 89 millones. La Fiscalía deberá determinar eventuales responsabilidades penales.
En paralelo, el caso también se ventila en sede arbitral. Celec espera el pronunciamiento de un arbitraje de fondo en la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).
Mientras avanzan la denuncia y el arbitraje, la central Esmeraldas III sigue apagada. La paralización se mantiene desde octubre de 2025, según reconocen ambas partes.
El saldo, por ahora, combina dinero inmovilizado, reputación institucional dañada, acusaciones de corrupción y desconfianza ciudadana. Ni el contralor, ni el gerente de Celec, ni el principal de Austral han dado entrevistas. El silencio oficial contrasta con la magnitud de las dudas sobre el contrato Esmeraldas III.
Otros proyectos energéticos con problemas
Otros proyectos energéticos también terminaron en conflicto y profundizaron la desconfianza institucional. La ministra Inés Manzano sigue sin explicar con claridad los fallos en estas adjudicaciones. El historial reciente evidencia un patrón de contratos millonarios sin resultados.
Un caso emblemático es Progen Industries LLC, firma estadounidense que incumplió dos contratos para generar 150 MW en Salitral y Quevedo. Celec pagó USD 104 millones tras validar documentos y recibir motores que nunca funcionaron. La compañía acumuló atrasos desde 2024 y desencadenó problemas aún no resueltos.
El conflicto escaló en noviembre de 2025, cuando Seguros Confianza demandó a Progen en Florida por el reembolso de garantías ejecutadas. La aseguradora pagó USD 7,43 millones a Celec tras la terminación unilateral de los contratos. Mientras el caso sigue abierto, la Asamblea investiga, aunque el correísmo acusa al oficialismo de bloquear los avances.
