El undécimo día de audiencia por el caso Los Cuatro de Las Malvinas terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más tensos. El proceso se ha mantenido en el centro de la atención pública desde hace casi un mes.
El martes, siete de los 17 militares procesados comparecieron vía Zoom, por decisión del sistema penitenciario, que no autorizó su traslado físico, y dos de ellos protagonizaron un giro inesperado: pidieron disculpas públicas a las familias de los cuatro menores desaparecidos y asesinados en diciembre de 2024, aunque evitaron pronunciar la palabra “perdón”.
“Le pido disculpas a la familia de los chicos por no haber dicho al comienzo lo que voy a decir hoy”, pronunció uno de los procesados antes de iniciar su testimonio. La frase, dirigida a los familiares que solo pudieron escuchar, marcó la tónica de una jornada que osciló entre la reconstrucción violenta de los hechos y el reconocimiento parcial de responsabilidades.
Las declaraciones de los dos militares
Ambos militares solicitaron, además, acogerse al mecanismo de cooperación eficaz, una decisión que aún está en evaluación por la Fiscalía. En sus declaraciones, los procesados afirmaron que los adolescentes fueron llevados a una zona desolada de Taura, donde recibieron golpes, fueron desnudados y sus prendas arrojadas entre la maleza. Uno aseguró haber escuchado un disparo cerca del oído de uno de los menores.
También señalaron que altos mandos militares sugirieron elaborar versiones que omitieran estos episodios de violencia y la existencia de disparos. La audiencia, que empezó a las 9h00 y terminó a las 17h50, no contó con testigos ni peritos: solo los siete militares declararon.
El fiscal Christian Fared informó que la diligencia se reanudará el lunes 1 de diciembre, después de una pausa obligada por agenda judicial y visitas a centros penitenciarios. “Esperamos que el juzgamiento concluya la próxima semana”, dijo. Desde el 5 de noviembre, el proceso avanza en Guayaquil bajo estrictas medidas de seguridad.
De los 17 procesados, 16 cumplen prisión preventiva; el único con medidas alternativas es el teniente coronel Juan Francisco Iglesias, señalado por conocer los hechos a posteriori y ordenar supuestos procedimientos irregulares.
La causa recuerda uno de los crímenes más dolorosos del último año: la detención de Josué, Ismael, Nehemías y Steven —de entre 11 y 15 años—, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 durante un operativo militar en el sur de Guayaquil. Sus cuerpos calcinados aparecieron 16 días después en un manglar de Taura. La ley establece penas de hasta 36 años para la desaparición forzada con agravantes.
Los familiares de las víctimas llegan hasta la Corte Constitucional
Paralelo al proceso penal, el caso también llegó a la Corte Constitucional, que el viernes 21 de noviembre instaló una audiencia para analizar la acción extraordinaria de protección presentada por las familias. Fue la primera vez que un caso de desaparición forzada llegó a ese nivel.
El eje del reclamo: determinar si la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas vulneró derechos al revocar el hábeas corpus que inicialmente reconocía la desaparición forzada de los cuatro menores. La defensa de las familias solicita que el máximo tribunal constitucional realice un examen de mérito, establezca responsabilidades estatales y ordene una reparación integral.
Esta reparación, según lo solicitado por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), incluye disculpas públicas del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones; medidas de no repetición, como protocolos específicos para casos de desaparición forzada; claridad jurisprudencial sobre el alcance del hábeas corpus cuando hay agentes estatales involucrados; y una indemnización económica proporcional al daño causado.
Aunque la Corte no tiene un plazo límite, el CDH confía en que la sentencia se emita antes de fin de año, dada la prioridad del caso.
