La Asamblea Nacional de Ecuador debatirá el miércoles 26 de noviembre de 2025 la reforma denominada “Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado”, que incorpora evaluaciones periódicas a funcionarios luego de que la Ley de Integridad Pública fuera declarada inconstitucional, con aplicación nacional en un plazo máximo de 90 días.
Reaparición de artículos anulados
Una treintena de artículos que formaban parte de la Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, fueron incluidos casi íntegramente en el nuevo proyecto presentado ante el Pleno. El documento aborda cambios en procesos de evaluación, estabilidad laboral, supresión de puestos y mecanismos de desvinculación en el sector público. La normativa mantiene parámetros descritos en la anterior legislación sin modificaciones significativas en su contenido original.
El presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocó oficialmente a la sesión plenaria para el segundo debate. Su objetivo es tratar la reforma que también ajusta disposiciones vinculadas a la libertad sindical. Las modificaciones alcanzan artículos del Código de Trabajo sobre creación, registro y funcionamiento de organizaciones gremiales y sindicales.
La propuesta incorpora un capítulo denominado “Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Para el Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público”, donde se integran las disposiciones operativas para aplicar evaluaciones como requisito continuo en el desempeño del funcionario público.
Evaluaciones en servicio público
El proyecto establece que los servidores públicos deberán someterse a pruebas de confianza y evaluaciones periódicas realizadas por la institución rectora. El texto señala que los procesos deberán evitar preguntas que puedan tener efectos incriminatorios. El resultado de estas evaluaciones tendrá impacto directo en la continuidad laboral, un punto que ya estaba incluido en la normativa anulada.
También se señala que el personal en teletrabajo recibirá evaluaciones específicas para medir su desempeño y productividad. Si los resultados no cumplen con los parámetros institucionales, la modalidad podrá ser revisada. Este ajuste busca fortalecer la productividad en empleo público dentro de un marco operativo con indicadores claros.
Un apartado adicional retoma el tema de la jubilación. El proyecto mantiene la disposición que permite la salida voluntaria de servidores desde los 60 años, siempre que cumplan requisitos del sistema de seguridad social y reciban compensaciones económicas establecidas en ley.
Inicio de aplicación
Una de las disposiciones transitorias fija un plazo máximo de 90 días para que el Ministerio del Trabajo implemente el nuevo proceso nacional de evaluación de desempeño. En su primera ejecución, los resultados no tendrán efectos sancionatorios y servirán como línea base para ajustar estándares desde cada institución pública.
Posición del Ministerio de Trabajo
El ministro de Trabajo, Harold Burbano, asistió al Legislativo el martes 25 de noviembre de 2025 y reiteró que las decisiones adoptadas contarán con legitimidad institucional al provenir de la votación plenaria. El funcionario señaló que el Ejecutivo podría introducir ajustes durante el eventual veto presidencial, aunque respaldó la forma en que se elaboraron las reformas.
La propuesta fue presentada por la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, quien indicó que el texto unifica cuatro proyectos de ley. Según el oficialismo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional únicamente el procedimiento legislativo y no el contenido de los artículos reincorporados.
