El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, firmó este lunes 24 de noviembre el Decreto Ejecutivo No. 231, que introduce una reforma clave al Reglamento de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a la exportación. La finalidad del decreto es ofrecer una prórroga a los productores para la regularización de sus cultivos.
El Artículo 1 del decreto incorpora una Disposición Transitoria Única al reglamento vigente. Esta disposición establece que los productores tendrán un plazo extendido hasta el 31 de diciembre de 2026 para solicitar formalmente el registro e inscripción de sus plantaciones de musáceas ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP).
Contexto legal de la regularización
La medida se enmarca en un contexto de estricta regulación de la producción para el sector exportador. La Ley vigente prohíbe realizar nuevas siembras de banano y otras musáceas sin la autorización previa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca. La transgresión de esta norma es sancionada con una multa considerable, equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos vitales generales por hectárea sembrada.
El nuevo Decreto de Daniel Noboa otorga una ventana de oportunidad para la regularización de aquellos productores que hayan sido sancionados previamente por haber realizado siembras no autorizadas. Una vez que el productor ha culminado el proceso administrativo y verificado el pago de las multas establecidas, puede proceder a solicitar su registro, ahora bajo el nuevo plazo establecido por el Ejecutivo.
Rol del Ministerio y Ejecución
El Decreto Ejecutivo No. 231 recalca que el MAGP, en su calidad de autoridad agraria nacional, será el encargado de la plena aplicación del presente Decreto. Esta Cartera de Estado tendrá la facultad de emitir, modificar y/o actualizar la normativa secundaria necesaria para su ejecución, en coordinación con las demás instituciones o entidades que correspondan.
La reforma impulsada por Daniel Noboa no solo busca ordenar el parque productivo de musáceas, sino que también promueve las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población, conforme a lo establecido en la Constitución. La medida entró en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
