La minería ilegal, detectada en 13 provincias de Ecuador, genera pérdidas estimadas en $1.000 millones anuales, según la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Desde agosto de 2024, se han ejecutado 190 operativos en provincias como Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, liderados por Arcom, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para frenar esta práctica que involucra a grupos armados como Los Lobos y disidencias de las FARC.
Impacto económico y ambiental
La minería ilegal en Ecuador opera sin títulos habilitantes y abarca actividades de extracción, beneficio y comercialización, tanto en minería subterránea como a cielo abierto. Según la Arcom, esta actividad ilícita se concentra en 13 provincias: Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, Azuay, El Oro, Esmeraldas, Bolívar, Cotopaxi y Pastaza. Sin embargo, las provincias con mayor incidencia son Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde se han identificado más de 350 focos activos. Estas prácticas, que han crecido desde la década de los 80 y se intensificaron tras la pandemia en 2019, causan un daño económico comparable a los $1.050 millones que la minería legal aporta anualmente al país en patentes y regalías.
Operativos y resultados en Ecuador
Desde agosto de 2024, la Arcom ha liderado 190 operativos en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estas acciones incluyen monitoreo satelital, intervención en campo, emisión de actas técnicas y legales, y la destrucción de maquinaria pesada, como excavadoras de más de 50 toneladas, bombas de agua y motores eléctricos, utilizados en minería a cielo abierto. En Napo se han realizado 16 operativos, en Azuay 30, en Imbabura 33, en Morona Santiago 36, en El Oro 21, en Loja 15, en Zamora Chinchipe 28, en Chimborazo 3 y en Guayas 8. Estas intervenciones buscan clausurar bocaminas y decomisar equipos que generan un alto impacto ambiental.
Grupos armados y crimen organizado
La Arcom, con base en información de Inteligencia Militar, señala que grupos armados como Los Lobos, Los Choneros y dos frentes disidentes de las FARC están vinculados a la minería ilegal, especialmente en la frontera norte del país. Estas organizaciones aprovechan la actividad ilícita para financiar operaciones y lavar activos, complicando los esfuerzos de control estatal. La presencia de estos grupos en provincias como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos agrava la situación, ya que controlan accesos a zonas mineras y dificultan las intervenciones.
Propuestas para una solución integral en Ecuador
La Arcom destaca que la minería ilegal es un problema regional que afecta a varios países sudamericanos. Para combatirla, propone un enfoque integral que incluye el fortalecimiento del control estatal, la regulación y formalización de actividades mineras, y una supervisión efectiva de las concesiones. Además, el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) articula acciones para enfrentar esta problemática. La entidad enfatiza la necesidad de una coordinación interinstitucional sostenida para mitigar los impactos económicos, sociales y ambientales de esta actividad ilícita.
