El Consejo de la Judicatura (CJ) en Ecuador destituyó a dos de sus servidores este 2 de septiembre. La decisión se tomó por faltas graves en el desempeño de sus funciones.
Una secretaria de la Fiscalía y un técnico de la Dirección Provincial de Pichincha fueron removidos de sus cargos. Esta acción es parte de la política de transparencia de la institución.
Faltas graves que llevaron a la destitución
En una sesión del Pleno, el Consejo de la Judicatura destituyó a I.O.P.M., secretaria de la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano No. 5 de Quito. Esta servidora no notificó un impulso fiscal a un abogado en una investigación por estafa. La falta de notificación, en debida forma, afectó el proceso de investigación.
El segundo servidor destituido es D.Z.D., quien trabajaba como técnico de Certificación y Registro en la Dirección de Pichincha. La sanción se debe al abandono de su puesto de trabajo. El técnico se ausentó entre el 11 y el 31 de diciembre de 2024, sin justificación alguna.
Amonestación a un juez en Quito
Además de las destituciones, el Consejo de la Judicatura impuso una amonestación escrita a un juez de la Unidad Judicial Penal de Quito. El juez, de nombre M.J.E.C., se demoró 10 meses en emitir una sentencia escrita en una acción de protección. La norma establece un plazo de 48 horas para entregar este tipo de fallos. Esta acción se suma a los esfuerzos por optimizar los procesos judiciales.
La institución busca mejorar el rendimiento de los servidores judiciales y erradicar la ineficiencia. El objetivo es ofrecer un servicio ágil y de calidad para la ciudadanía. La supervisión constante de la labor de los funcionarios es parte del compromiso de la Judicatura.
Contexto y transparencia
El Consejo de la Judicatura ha implementado un sistema de control para identificar malas prácticas. La transparencia en la Función Judicial es una de las prioridades del actual Pleno. Las autoridades de la Judicatura han manifestado su compromiso con la ciudadanía. La institución invita a la población a denunciar irregularidades. La política de cero tolerancia a la corrupción se mantiene firme.
Estas acciones reflejan un esfuerzo por limpiar y mejorar la administración de justicia. La destitución de los funcionarios y la amonestación al juez son solo parte de este proceso. El Consejo de la Judicatura continúa trabajando para asegurar la correcta aplicación de la ley. La confianza en el sistema de justicia es la meta final de estas medidas.
