La Unión Nacional de Educadores (UNE) encabezó este viernes 11 de julio una movilización en Quito hacia la Corte Constitucional para exigir la revisión de la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio de 2025. La marcha, que inició a las 10:00 en las calles Ascázubi y 9 de Octubre, busca presionar por la declaratoria de inconstitucionalidad de esta normativa, que, según el gremio, vulnera derechos laborales y la estabilidad de los servidores públicos. Los manifestantes entregaron un análisis técnico-jurídico para respaldar su demanda presentada el 30 de junio.
La protesta, que avanzó por las avenidas Colón y 6 de Diciembre, contó con la participación de docentes, miembros del Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Andrés Quishpe, presidente de la UNE, lideró la marcha y anunció que el gremio también apoyará las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Áreas Protegidas, impulsada por el movimiento indígena. La UNE considera que ambas normativas atentan contra derechos fundamentales y la estabilidad del sector público.
Reclamos y contexto de la movilización
La Ley de Integridad Pública, publicada el 26 de junio en el Registro Oficial, ha generado controversia por reformar más de 20 cuerpos legales, incluyendo la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Según la UNE, esta normativa afecta la estabilidad laboral de docentes, médicos y otros servidores públicos, además de limitar el acceso a incentivos por jubilación voluntaria. En particular, el gremio señala que la ley obliga a los trabajadores con más de 360 aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a esperar hasta los 65 años para recibir una compensación jubilar, un cambio que consideran un retroceso en derechos adquiridos.
Por su parte, el Gobierno, a través de la vocera Carolina Jaramillo, ha defendido la legalidad de la normativa, asegurando que se responderá a las demandas por las vías correspondientes. Hasta el 11 de julio, la Corte Constitucional ha recibido al menos 12 demandas de inconstitucionalidad contra esta ley, presentadas por organizaciones como la UNE, el FUT, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Antecedentes y demandas acumuladas
La movilización de este viernes 11 de julio se suma a una serie de protestas iniciadas desde la aprobación de la ley. El 1 de julio, la UNE en Guayas marchó en Guayaquil para exigir la declaratoria de emergencia del sistema educativo, mientras que el 2 de julio, el Frente Popular protestó frente al Ministerio del Trabajo en Quito.
Además, la UNE ha cuestionado otros aspectos de la gestión gubernamental, como el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y la falta de presupuesto educativo. La organización ha instado a padres de familia y ciudadanos a unirse a las protestas para defender la educación pública y los derechos laborales. La Corte Constitucional, que enfrenta un total de 18 demandas contra las leyes de Integridad Pública, Solidaridad Nacional e Inteligencia, aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre las acciones presentadas.
Próximos pasos y reacciones
La UNE ha ratificado su compromiso de continuar las movilizaciones hasta lograr un marco legal que garantice los derechos del magisterio y otros sectores. Para el 16 de julio, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) también ha convocado a nuevas protestas en rechazo a estas normativas.
