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La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, deberá presentarse el 8 de abril de 2026, a las 11:00, en la Fiscalía General del Estado, en Quito, para rendir su versión dentro del caso Caja Chica, que investiga presuntos aportes irregulares a la campaña electoral de 2023.
La convocatoria se realizó horas después de que la funcionaria anunció públicamente que renunciará a su cargo en las próximas semanas y que no buscará la reelección. La diligencia corresponde a una versión libre y voluntaria dentro de la investigación en curso.
El caso Caja Chica es una indagación fiscal que busca determinar la existencia de un presunto esquema de financiamiento irregular en la campaña presidencial de 2023. Según la Fiscalía, la investigación incluye posibles aportes no declarados y el ingreso de recursos desde el exterior.
En este proceso, varios actores políticos vinculados al movimiento correísta han sido mencionados. La hipótesis fiscal apunta a una estructura que habría manejado fondos en efectivo sin justificación legal, lo que motivó allanamientos en distintas provincias del país.
Investigación por financiamiento electoral
Dentro del expediente, también se analizan supuestos aportes provenientes de Venezuela hacia la campaña electoral de 2023, en la que resultó electo Daniel Noboa frente a Luisa González. Como parte de las diligencias previas, la Fiscalía ejecutó allanamientos a inmuebles relacionados con actores políticos y a la sede de la organización en Quito. Estas acciones forman parte del levantamiento de indicios sobre el manejo de recursos durante la campaña.
Además, un juez del Tribunal Contencioso Electoral dispuso la suspensión temporal de la organización política investigada por un periodo de nueve meses, en el marco de las irregularidades detectadas.
La propia Aguiñaga ha rechazado en anteriores pronunciamientos cualquier vínculo con el manejo de fondos de campaña. En una declaración pública señaló: “El Código de la Democracia establece claramente que la responsabilidad financiera recae exclusivamente en el candidato y en el responsable del manejo de los recursos”.
Contexto político y judicial
El caso ha generado tensiones dentro del movimiento político involucrado y ha reactivado el debate sobre la transparencia en el financiamiento electoral en Ecuador. Las diligencias continúan en etapa investigativa, sin que exista aún una resolución judicial definitiva.
En este contexto, la comparecencia de la prefecta del Guayas se suma a una serie de versiones que la Fiscalía recaba para esclarecer los hechos. La diligencia prevista para el 8 de abril forma parte del proceso de recopilación de testimonios. La convocatoria también coincide con un momento político relevante para Aguiñaga, quien anunció su salida del cargo por razones personales, según indicó en redes sociales el 6 de abril.
El proceso conocido como caso Caja Chica se mantiene como una de las investigaciones más relevantes sobre financiamiento político reciente en Ecuador. La Fiscalía continúa con la recopilación de elementos que permitan determinar responsabilidades. La versión que entregue Marcela Aguiñaga será incorporada al expediente fiscal como parte de las diligencias en curso. Hasta el momento, no se han formulado cargos en su contra dentro de esta causa.
