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La Asamblea Nacional<\/strong> debati\u00f3 en primera instancia un proyecto de ley calificado como econ\u00f3mico urgente,<\/strong> enfocado en desarticular la econom\u00eda criminal vinculada al conflicto armado interno. La propuesta, remitida por el Ejecutivo, busca fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado mediante reformas penales y medidas econ\u00f3micas. Con la participaci\u00f3n de 18 asamble\u00edstas, el pleno analiz\u00f3 el informe inicial, destacando posturas diversas de las bancadas. Mientras la Comisi\u00f3n de Desarrollo Econ\u00f3mico ajustar\u00e1 el texto para el segundo debate, previsto para el 6 de junio del 2025.<\/span><\/span><\/p>\n El proyecto, presentado por el gobierno del presidente Daniel Noboa,<\/strong> aborda dos ejes principales: econ\u00f3mico-tributario y penal. Seg\u00fan Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisi\u00f3n de Desarrollo Econ\u00f3mico<\/strong>, la seguridad es un pilar para fomentar inversi\u00f3n, empleo y turismo. Por ello, el proyecto incluye incentivos para que empresas privadas donen insumos y equipamiento a las fuerzas del orden. La pr\u00f3xima reuni\u00f3n de la comisi\u00f3n, programada para el lunes 2 de junio, recopilar\u00e1 observaciones para perfeccionar el texto antes del segundo debate.<\/span><\/span><\/p>\n Alfredo Serrano (PSC)<\/strong> expres\u00f3 el respaldo de su bancada al proyecto, alineado con su promesa de campa\u00f1a de aplicar \u201cmano dura\u201d contra la delincuencia. Sin embargo, solicit\u00f3 mejorar la redacci\u00f3n para evitar ambig\u00fcedades y advirti\u00f3 que las modificaciones a los tres primeros art\u00edculos<\/strong> podr\u00edan cuestionar la urgencia econ\u00f3mica del proyecto. Sobre los allanamientos sin orden judicial, Serrano propuso que los informes del Centro de Inteligencia Estrat\u00e9gica (CIES)<\/strong> sean revisados por un juez para garantizar legalidad, buscando evitar demandas de inconstitucionalidad.<\/span><\/span><\/p>\n Por su parte, Jahiren Noriega (Revoluci\u00f3n Ciudadana)<\/strong> critic\u00f3 el proyecto, argumentando que podr\u00eda encubrir un \u201cvelo de impunidad\u201d para instituciones permeadas por el narcotr\u00e1fico. Aunque coincidi\u00f3 en la necesidad de fortalecer a la Polic\u00eda y Fuerzas Armadas,<\/strong> rechaz\u00f3 indultos anticipados o reg\u00edmenes diferenciados para casos de uso indebido de la fuerza, especialmente en comunidades vulnerables. Noriega destac\u00f3 que su bancada, en un rol de oposici\u00f3n propositiva, present\u00f3 disposiciones para contribuir al pa\u00eds, acusando al oficialismo de ver al Estado como un espacio de \u201ccaridad\u201d para ahorrar recursos.<\/span><\/span><\/p>\n Cecilia Baltazar (Ropa)<\/span><\/span><\/strong> subray\u00f3 la urgencia de herramientas legales<\/strong> para combatir la delincuencia organizada, que afecta a emprendedores con extorsiones, como en el sector del calzado en Tungurahua.<\/strong> Inst\u00f3 a legislar para garantizar derechos fundamentales, como la vida, y evitar asesinatos y secuestros. Baltazar destac\u00f3 la necesidad de fortalecer el sistema judicial, proponiendo jueces sin rostro para proteger a los magistrados y depurar a fiscales comprometidos con la justicia.<\/span><\/span><\/p>\n El debate reflej\u00f3 la complejidad del conflicto armado interno, vinculado a econom\u00edas ilegales como el narcotr\u00e1fico. Las reformas penales propuestas buscan agilizar acciones contra el crimen organizado, pero enfrentan cuestionamientos sobre su constitucionalidad.<\/strong> La posibilidad de allanamientos sin orden judicial gener\u00f3 controversia, con propuestas para equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos constitucionales. Adem\u00e1s, el proyecto econ\u00f3mico-tributario fomenta la colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada para equipar a las fuerzas del orden, un punto visto como esencial para reactivar la econom\u00eda.<\/span><\/span><\/p>\n Paralelamente, la Comisi\u00f3n de Desarrollo Econ\u00f3mico<\/strong> iniciar\u00e1 el an\u00e1lisis de un segundo proyecto urgente sobre innovaci\u00f3n y fortalecimiento de la gesti\u00f3n p\u00fablica. Evidenciando la carga legislativa para abordar la crisis de seguridad. Las observaciones de las bancadas, desde el respaldo condicionado del PSC hasta las cr\u00edticas de Revoluci\u00f3n Ciudadana y las demandas de Pachakutik<\/strong> por un enfoque estructural, ser\u00e1n clave para definir el texto final. El segundo debate determinar\u00e1 si las reformas logran un consenso que fortalezca la lucha contra el crimen sin vulnerar derechos fundamentales.<\/span><\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Asamblea Nacional debati\u00f3 en primera instancia un proyecto de ley calificado como econ\u00f3mico urgente, enfocado en desarticular la econom\u00eda criminal vinculada al conflicto armado interno. La propuesta, remitida por el Ejecutivo, busca fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado mediante reformas penales y medidas econ\u00f3micas. 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